La realidad de las cifras da paso a un vaticinio apocalíptico: «O tomamos medidas en materia de vivienda, o antes de fin de año habrá un cataclismo económico». Las palabras son de Fidel González Cuevas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, y constituyen el reflejo, así lo explica, de la situación que vive el sector, con un amplio parque de inmuebles que no se venden (3.000) y con la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Frente a ese negro panorama, la asociación ha diseñado un 'plan de choque' que busca dar salida a todos los pisos de primera transmisión que están a la espera de comprador; se incluye a los ya construidos y a los que se han terminado en el ejercicio de 2009, así como a los que han pasado a poder de las entidades bancarias por el impago de las deudas.
La propuesta, que ya adelantó en exclusiva EL DIARIO MONTAÑÉS -ver DM del 1 de febrero- está prácticamente cerrada y será hoy, lunes, cuando la apruebe la junta directiva de la asociación. A partir de ahí y de forma inmediata, se le planteará al Gobierno, aunque ya ha habido contactos previos. ¿La respuesta? Los promotores creen que debe recibirse antes de final de mes, de lo contrario el tiempo «será una losa» y sus efectos perniciosos implacables.
En la alternativa hay, de entrada, una declaración de principios concreta: los promotores y constructores están dispuestos a renunciar al 20% del valor real del piso, es decir a sus «legítimos beneficios», si con ello se da salida a las viviendas sin vender. Una medida a la que se sumaría un gran número de promotores (lógicamente, no es obligatorio aceptarla y cada socio tendrá libertad) y que dependerá de la implicación de las entidades bancarias y del Gobierno de Cantabria. Las primeras, financiando la operación y otorgando créditos hipotecarios a los futuros adquirientes; el segundo, el Ejecutivo, subvencionando la compra en una cuantía que oscilaría entre los 9.000 y los 15.000 euros, con una ayuda que volvería a las arcas públicas pasados los años. De ahí que los 'padres' de la medida sean rotundos: «los únicos sacrificados somos nosotros; pero esta es la alternativa, urgente, de ayer, porque ya llegamos tarde».
Necesidad social y económica
La propuesta de poner sobre la mesa la venta de 3.000 viviendas es consecuencia de «un estudio minucioso de la realidad» y de «una necesidad social y económica». Las cifras del paro en Cantabria (más de 43.000 desempleados), un 30% de parados sin ayuda ni subsidio, la pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social (un 1,72% menos en enero de este año y 3.686 menos en 2009) y el número objetivo de viviendas que con un consumo racional se precisan en Cantabria (3.500) convierten en una exigencia «ser realistas, rigurosos e imaginativos para devolver al sector su actividad, regular el mercado inmobiliario, dinamizar la economía y generar empleo». Y es que la asociación sostiene que de no hacerlo, el futuro será negro e imposible. «Hay que dar -remachan- un giro de 180 grados».
«Esta es nuestra propuesta. Pueden decir que es una locura. Pero nos sacrificamos nosotros y estamos dispuestos a que nos la rechacen... Pero al menos pedimos que propongan una alternativa. De lo contrario, no hay futuro». Y es que sólo la venta de los pisos en stock permitirá que el sector se anime, se inicien nuevas promociones y se convierta en un activo real el suelo que obra en poder de muchos empresarios y que ahora está «muerto».
Fidel González Cuevas echa la culpa de la situación a la inoperancia del Gobierno de España que no ha sabido encarar la crisis, ni arbitrar medidas. Y lo que propone no es tampoco nuevo: en Andalucía ya se está desarrollando y el Gobierno autónomo ya ha dicho sí a las subvenciones públicas y ha destinado mil millones de euros.
Los pasos
La operación es clara: tras ser tasado el piso (el precio nunca podrá sobrepasar los 245.000 euros), los promotores pondrán a la venta el mismo a un precio del 80% de su valor. Las entidades bancarias serán las que concedan los préstamos hipotecarios (con un interés del Euribor más un punto) y el Ejecutivo subvencionaría la adquisición con ayudas que oscilarían entre los 9.000 y 15.000 euros, cantidades que aportaría a partir de 2013 y que le serán devueltas por los compradores en mensualidades a partir del noveno año de la adquisición. Los promotores lo tienen muy claro: el Gobierno no arriesga nada, y su aportación, que le retorna, «se hace en cinco años y se reparte en cinco presupuestos». El dinero público, además, no pasará por el bolsillo del adquiriente sino que será el banco quien lo perciba. Las iniciativas ideadas por la Asociación de Constructores y promotores no se quedan ahí. Recuerdan que han elevado al Ejecutivo otras dos propuestas con amplio calado y transcendentes: la puesta en el mercado de 1.000 viviendas de su stock en régimen de alquiler y la modificación de la Ley de Suelo.
Sin respuestas
La primera de esas medidas fue planteada en la Mesa Sectorial de Vivienda celebrada en diciembre de 2009. Hasta ahora no ha habido respuesta. Tampoco hay pronunciamiento para la segunda, la petición de reformas de la Ley de Suelo, trasladada en mayo de 2009 a los responsables de vivienda del Gobierno cántabro. En este caso las peticiones son muy concretas... Urge cambiar el tamaño/superficie útil de los pisos a la venta (VPO) y situarla por debajo de los 100 metros cuadrados, superficie que se ha demostrado que no tiene demanda. Como segunda medida, se plantea la necesidad de construir en altura ya que tendría efectos directos, traducidos en un ahorro en suelo (disminuiría la repercusión del mismo sobre las viviendas), la reducción de los costes en infraestructuras y la ganancia de espacios libres para los ciudadanos. Y otra medida: acabar con el silencio administrativo y posibilitar una reducción drástica en los tiempos de tramitación de los expedientes que, en ningún caso, deben superar los tres meses.
El 'plan de choque' de la asociación también ve imprescindible que las administraciones se replanteen la normativa que obliga a que toda promoción ceda un 15% para aprovechamiento e incluya la urbanización del área. Ese porcentaje responde a una normativa nacional, pero en Cantabria se aplica el tipo máximo (el 15%) frente a los dispuesto por otras autonomías. Es más, los afectados lo explican claro: «sólo se ha tocado para subirlo».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100208/cantabria/constructores-urgen-ayudas-sector-20100208.html
