Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible tras un período de tiempo calculado de antemano, por el fabricante o empresa de servicios, durante la fase de diseño de dicho producto o servicio. La obsolescencia programada tiene un potencial considerable y cuantificable para beneficiar al fabricante dado que el producto va a fallar en algún momento, obligando al consumidor a que adquiera otro producto nuevamente,[1] ya sea del mismo productor (mediante la adquisición de una parte para reemplazar y arreglar el viejo producto o mediante la compra de un modelo del mismo más nuevo), o de un competidor, factor decisivo que también se prevé en el proceso de obsolescencia programada.
Para la industria, la obsolescencia programada estimula positivamente la demanda al alentar a los consumidores a comprar de forma artificialmente acelerada nuevos productos si desean seguir utilizándolos.[2] La obsolescencia programada se utiliza en una alta diversidad de productos.[3] Existe el riesgo de una reacción adversa por parte de los consumidores al descubrir que el fabricante invirtió en diseñar que su producto se volviese obsoleto más rápidamente, haciendo que sus consumidores cambien a la competencia, basando su elección en la durabilidad y calidad del producto.
La obsolescencia programada fue desarrollada por primera vez entre 1920 y 1930, momento en el que la producción en masa empieza a forjar un nuevo modelo de mercado en el cual el análisis detallado de cada parte del mismo pasa a ser un factor fundamental para lograr su éxito.
La elección de fabricar productos que se vuelvan obsoletos de manera premeditada puede influir enormemente en la decisión de cierta empresa sobre su arquitectura interna de producción. Así, la compañía tiene que sopesar si utilizar componentes tecnológicos más baratos satisface o no la proyección de vida útil que estén interesados en darle a sus productos. Estas decisiones forman parte de una disciplina conocida como ingeniería del valor.
El empleo de la obsolescencia programada no siempre es tan fácil de determinar, y se complica aún más al entrever otros factores relacionados como pueden ser la constante competencia tecnológica o la sobrecarga de funciones que si bien pueden expandir las posibilidades de uso del producto en cuestión también pueden hacerlo fracasar rotundamente.
Contenido
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* 1 Desechos y contaminación
* 2 Obsolescencia por modas
* 3 Procedimiento y problema medioambiental
* 4 Véase también
* 5 Referencias
* 6 Enlaces externos
[editar] Desechos y contaminación
El objetivo de la obsolescencia programada es el lucro económico inmediato, por lo que el cuidado y respeto del aire, agua, medio ambiente y por ende el ser humano, pasa a un segundo plano de prioridades. Cada producto que se vuelve obsoleto, supone contaminación. Es un evidente problema del actual sistema de producción y económico: no se ajusta en absoluto a la armonía y equilibrio de la naturaleza en la que vivimos.
[editar] Obsolescencia por modas
Existe otro tipo de obsolescencia: aquella que vuelve obsoleto a un bien de consumo porque ha dejado de estar de moda. Por ejemplo los colores, formas y materiales de la ropa que hablan sobre la temporada en la que fueron adquiridos. Esta forma de obsolescencia puede ser aplicada a cualquier bien.
[editar] Procedimiento y problema medioambiental
El procedimiento suele ser el siguiente: Uno de los aparatos electrónicos de uso habitual falla y cuando el dueño lo lleva a reparar, en el servicio técnico le dicen que le sale más rentable comprarse uno nuevo que arreglarlo. Usualmente, el precio de la mano de obra, las piezas estropeadas y el montaje suele costar un poco menos que adquirir uno nuevo, por ello normalmente el usuario suele desechar el producto averiado y comprarse uno nuevo. El problema se basa en la gran cantidad de residuos que se originan actualmente al realizarse este fenómeno una y otra vez, cada día, en todo el mundo.
Somos casi 6.500 millones de habitantes en este planeta, y el número sigue creciendo, ya que hay un aumento poblacional de 210.000 personas por día. Lo difícil es que producimos 1 kg de basura diaria, por lo que se general alrededor del mundo 6.500.000 toneladas de desechos en tan sólo un día. De éstos un amplio número de residuos no son biodegradables y el tiempo que transcurre hasta que podemos hablar de una descomposición al menos parcial puede ser muy prolongado, además de que muchas veces los residuos son altamente contaminantes; lo que infiere tanto en la permanencia de la madre naturaleza como en la salud de sus habitantes.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) contienen materiales que pueden ser recuperados, evitando la explotación de nuevos recursos naturales, y otras que pueden ser contaminantes, de manera que, si no son tratadas adecuadamente, pueden resultar dañinas para el medio ambiente. Los elementos electrónicos de los que estamos hablando contienen materiales tan contaminantes como el plástico, polipropileno, baterías de plomo, etc. El plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse de 100 a 1.000 años. Al aire libre pierde su tonicidad, se fragmenta y se dispersa. Enterrado, duran más. La mayoría está hecho de tereftalato de polietileno (PETE), un material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos. El polipropileno tarda 1.000 años en descomponerse, contamina menos que el poliestireno pero también tarda. El plástico queda reducido a moléculas sintéticas; invisibles pero siempre presentes.
Una de las partes más preocupantes son las baterías de plomo, un invento que remonta a 1889, que representa un grave peligro para el ser humano y para el medio ambiente debido a su elevado contenido en plomo. Respirar el polvo o las emanaciones de vapor del plomo puede provocar graves perturbaciones para la salud, incluida la muerte, además de perjudicar el medio ambiente, advierte el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Según los cálculos del PNUMA, de los 2,5 millones de toneladas de plomo que se producen anualmente en todo el mundo, tres cuartas partes sirven para la fabricación de baterías que se utilizan en los automóviles, los teléfonos y computadoras portátiles o en las industrias.
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
viernes, 24 de junio de 2011
lunes, 6 de junio de 2011
De José Antonio Choclán:
Las defensas exigen la nulidad de la investigación por vulneración de derechos fundamentales
E. M. / Málaga | Actualizado 28.04.2010 - 09:27
Las defensas del finlandés Aki Kujala, así como del cuñado del alcalde, Francisco Calle, que presuntamente fue quien medió ante Tirado para que se aumentara la densidad residencial de La Parrada, y de Rafael Fernández, supuesto testaferro de Calle, trataron de hacer valer la vulneración de los derechos fundamentales para reclamar la nulidad de la instrucción judicial.
E. M. / Málaga | Actualizado 28.04.2010 - 09:27
Las defensas del finlandés Aki Kujala, así como del cuñado del alcalde, Francisco Calle, que presuntamente fue quien medió ante Tirado para que se aumentara la densidad residencial de La Parrada, y de Rafael Fernández, supuesto testaferro de Calle, trataron de hacer valer la vulneración de los derechos fundamentales para reclamar la nulidad de la instrucción judicial.
El cónsul, los abogados, el sastre y la esposa del tesorero
Quién es quién entre los imputados por el TSJ de Madrid en la trama de corrupción
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado parcialmente este martes el secreto del sumario en el caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta a administraciones del PP. Junto a los cabecillas detenidos el pasado 6 de febrero y que siguen en prisión incondicional (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), figuran cargos del partido, abogados, empresarios, diplomáticos y hasta Rosalía Villar, la esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. El senador Bárcenas, como el diputado Jesús Merino, no están imputados por este juzgado, ya que son aforados y el TSJM envió la parte del sumario que les afectaba al Tribunal Supremo.
* El juez de Madrid imputa a la esposa de Bárcenas y otras 70 personas en el 'caso Gürtel'
* Pedreira levantará el secreto de sumario del 'caso Gürtel' la tercera semana de marzo
Esta es la lista de imputados por delitos como blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación o tráfico de influencias:
1. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ
Máximo responsable de Special Events y cabeza de la trama de corrupción.
2. PABLO CRESPO SABARIS
Número dos de Special Events. Ex secretario de organización del PP de Galicia.
3. ANTOINE SÁNCHEZ
Primo de Francisco Correa.
4. VICENTE LUIS AGRAMUNT CIURANA
Abogado.
5. JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN
Consejero de Repsol.
6. ALFONSO BOSCH TEJEDOR
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
7. JESÚS CALVO SORIA
Empresario. Ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid.
8. ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE
Fue directivo de FCC Construcción.
9. CARLOS CLEMENTE AGUADO
Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid con el PP.
10. PABLO COLLADO SERRA
Ex presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Cónsul honorario de Malta en Baleares. Ex gerente de la Fundación Baleares Sostenible.
11. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT
Abogado.
12. MANUEL DELGADO SOLÍS
Abogado. Cofundador de un despacho con la ex ministra Ana Palacio.
13. RICARDO GALEOTE QUECEDO
Ex edil del PP de Estepona.
14. JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ
Ex edil del PP de Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid.
15. LUCIANO GALLEGO PORRO
Abogado.
16. PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO
17. GUILLERMO GARCÍA COELLO
Abogado.
18. JOAQUÍN GARCÍA MÁRMOL
Socio de Pasadera Viajes, empresa de Francisco Correa.
19. ALFONSO GARCÍA POZUELO ASINS
Presidente de Constructora Hispánica.
20. ARTURO GIANFRANCO FASANA
Intermediario financiero de Francisco Correa.
21. ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Ex alcalde de Boadilla del Monte, del PP.
22. JACOBO GORDON LEVENFELD
Socio de Alejandro Agag.
23. CARMEN LEONOR HALLAX LEDESMA
Cónsul general de Panamá en Mónaco.
24. ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea.
25. CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL
Jefe de la Asesoría Galher.
26. ANTONIO HERRERO GONZÁLEZ
Empresario.
27. CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ
Contable de Orange Market.
28. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR
Esposa del ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas.
29. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ
Contable de las empresas de Francisco Correa.
30. EDUARDO JAUSSI SALA
Abogado.
31. JUAN MANUEL JIMÉNEZ BRAVO
Gerente de la constructora Puertonarcea.
32. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET
Empleada de Francisco Correa.
33. SANTIAGO LAGO BORSTEIN
Abogado.
34. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ex alcalde de Arganda del Rey, del PP.
35. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL
Abogado.
36. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ
Apoderada de Orange Market.
37. TOMÁS MARTÍN MORALES
Vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte. Miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla.
38. BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
39. GUILLERMO MARTÍNEZ LLUCH
Director de Bancaja en Miami (EE UU).
40. LUIS DE MIGUEL PÉREZ
Accionista de Orange Market.
41. JUAN JOSÉ MORENO ALONSO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
42. GONZALO NARANJO VILLALONGA
Empresario.
43. JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO
Ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa. El alcalde de Madrid le hizo dimitir en febrero.
44. GUILLERMO ORTEGA ALONSO
Ex alcalde con el PP de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo.
45. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
46. ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido como El Bigotes. Responsable de Orange Market. Líder de la trama en la Comunidad Valenciana.
47. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO
Hermano de Álvaro. Dirigía empresas de la trama.
48. CHRISTIAN RODRÍGUEZ MAZA
Gestor del patrimonio de Correa.
49. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Correa. Ex asesora del Ayuntamiento de Majadahonda.
50. MARÍA VICTORIA ROMERO PARRAGA
Socia de Special Events.
51. EVA MARÍA SABIO VILLACORTA
Empresaria.
52. ADRIÁN SENÍN RICO
Colaborador de Orange Market.
53. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP.
54. JOSÉ TOMÁS GARCÍA
Sastre de Milano y Forever Young.
55. FERNANDO TORRES MANSO
Apoderado de Special Events.
56. JAVIER TUDELA DE LA CONCEPCIÓN
Empresario.
57. JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA
Empresario.
58. PLÁCIDO RAMÓN VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Empresario.
59. ANDRÉS BERNABÉ NIETO
Chófer de Francisco Correa.
60. VERÓNICA CASTAÑE ÁLVAREZ
Ex administradora de Easy Concept, una de las empreasas de la trama.
61. PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ
Apoderada de Easy Concept.
62. CRISTINA COLMAN GONZÁLEZ
63. JOSÉ LUIS DÍEZ BERRENDO
64. EDUARDO ERASO CAMPUZANO
65. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CANSECO
66. FRANCISCO DE PAULA JURADO ARGAZ
67. RAFAEL DE LEÓN CEBREROS RANDALL
68. CARMEN LUIS CEREZO
69. DAVID LUIS CEREZO
70. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN
71. MARÍA CARMEN MOYANO RUIZ
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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado parcialmente este martes el secreto del sumario en el caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta a administraciones del PP. Junto a los cabecillas detenidos el pasado 6 de febrero y que siguen en prisión incondicional (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), figuran cargos del partido, abogados, empresarios, diplomáticos y hasta Rosalía Villar, la esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. El senador Bárcenas, como el diputado Jesús Merino, no están imputados por este juzgado, ya que son aforados y el TSJM envió la parte del sumario que les afectaba al Tribunal Supremo.
* El juez de Madrid imputa a la esposa de Bárcenas y otras 70 personas en el 'caso Gürtel'
* Pedreira levantará el secreto de sumario del 'caso Gürtel' la tercera semana de marzo
Esta es la lista de imputados por delitos como blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación o tráfico de influencias:
1. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ
Máximo responsable de Special Events y cabeza de la trama de corrupción.
2. PABLO CRESPO SABARIS
Número dos de Special Events. Ex secretario de organización del PP de Galicia.
3. ANTOINE SÁNCHEZ
Primo de Francisco Correa.
4. VICENTE LUIS AGRAMUNT CIURANA
Abogado.
5. JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN
Consejero de Repsol.
6. ALFONSO BOSCH TEJEDOR
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
7. JESÚS CALVO SORIA
Empresario. Ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid.
8. ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE
Fue directivo de FCC Construcción.
9. CARLOS CLEMENTE AGUADO
Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid con el PP.
10. PABLO COLLADO SERRA
Ex presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Cónsul honorario de Malta en Baleares. Ex gerente de la Fundación Baleares Sostenible.
11. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT
Abogado.
12. MANUEL DELGADO SOLÍS
Abogado. Cofundador de un despacho con la ex ministra Ana Palacio.
13. RICARDO GALEOTE QUECEDO
Ex edil del PP de Estepona.
14. JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ
Ex edil del PP de Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid.
15. LUCIANO GALLEGO PORRO
Abogado.
16. PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO
17. GUILLERMO GARCÍA COELLO
Abogado.
18. JOAQUÍN GARCÍA MÁRMOL
Socio de Pasadera Viajes, empresa de Francisco Correa.
19. ALFONSO GARCÍA POZUELO ASINS
Presidente de Constructora Hispánica.
20. ARTURO GIANFRANCO FASANA
Intermediario financiero de Francisco Correa.
21. ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Ex alcalde de Boadilla del Monte, del PP.
22. JACOBO GORDON LEVENFELD
Socio de Alejandro Agag.
23. CARMEN LEONOR HALLAX LEDESMA
Cónsul general de Panamá en Mónaco.
24. ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea.
25. CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL
Jefe de la Asesoría Galher.
26. ANTONIO HERRERO GONZÁLEZ
Empresario.
27. CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ
Contable de Orange Market.
28. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR
Esposa del ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas.
29. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ
Contable de las empresas de Francisco Correa.
30. EDUARDO JAUSSI SALA
Abogado.
31. JUAN MANUEL JIMÉNEZ BRAVO
Gerente de la constructora Puertonarcea.
32. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET
Empleada de Francisco Correa.
33. SANTIAGO LAGO BORSTEIN
Abogado.
34. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ex alcalde de Arganda del Rey, del PP.
35. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL
Abogado.
36. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ
Apoderada de Orange Market.
37. TOMÁS MARTÍN MORALES
Vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte. Miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla.
38. BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
39. GUILLERMO MARTÍNEZ LLUCH
Director de Bancaja en Miami (EE UU).
40. LUIS DE MIGUEL PÉREZ
Accionista de Orange Market.
41. JUAN JOSÉ MORENO ALONSO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
42. GONZALO NARANJO VILLALONGA
Empresario.
43. JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO
Ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa. El alcalde de Madrid le hizo dimitir en febrero.
44. GUILLERMO ORTEGA ALONSO
Ex alcalde con el PP de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo.
45. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
46. ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido como El Bigotes. Responsable de Orange Market. Líder de la trama en la Comunidad Valenciana.
47. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO
Hermano de Álvaro. Dirigía empresas de la trama.
48. CHRISTIAN RODRÍGUEZ MAZA
Gestor del patrimonio de Correa.
49. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Correa. Ex asesora del Ayuntamiento de Majadahonda.
50. MARÍA VICTORIA ROMERO PARRAGA
Socia de Special Events.
51. EVA MARÍA SABIO VILLACORTA
Empresaria.
52. ADRIÁN SENÍN RICO
Colaborador de Orange Market.
53. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP.
54. JOSÉ TOMÁS GARCÍA
Sastre de Milano y Forever Young.
55. FERNANDO TORRES MANSO
Apoderado de Special Events.
56. JAVIER TUDELA DE LA CONCEPCIÓN
Empresario.
57. JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA
Empresario.
58. PLÁCIDO RAMÓN VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Empresario.
59. ANDRÉS BERNABÉ NIETO
Chófer de Francisco Correa.
60. VERÓNICA CASTAÑE ÁLVAREZ
Ex administradora de Easy Concept, una de las empreasas de la trama.
61. PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ
Apoderada de Easy Concept.
62. CRISTINA COLMAN GONZÁLEZ
63. JOSÉ LUIS DÍEZ BERRENDO
64. EDUARDO ERASO CAMPUZANO
65. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CANSECO
66. FRANCISCO DE PAULA JURADO ARGAZ
67. RAFAEL DE LEÓN CEBREROS RANDALL
68. CARMEN LUIS CEREZO
69. DAVID LUIS CEREZO
70. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN
71. MARÍA CARMEN MOYANO RUIZ
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El principio del fin del prime time del Juez Garzón
El mediático magistrado puede estar en la recta final de su carrera de estrella, haciéndole un gran favor a los implicados en la trama Gürtel
El controvertido juez enfrenta en estos días varios procedimientos que pueden acabar con la carrera de quien ha sido uno de los magistrados más mediáticos de la historia española. El último es el que lo enfrenta a una inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales a abogados de los imputados en la llamada Trama Gürtel, una causa de gran impacto periodístico por destapar una presunta red de financiación ilegal del ultraconservador Partido Popular, del que fuera el ex Presidente Jose María Aznar.
El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó el pasado lunes una resolución de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuestos delitos continuados de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales en el uso de artificios, de escucha y grabación, a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Esto violaría varios preceptos legales imperativos que en última instancia, serían medidas que facilitarían al Partido Popular salir ileso de la megacausa por no haberse respetado sus garantías procesales.
En la resolución emitida desde el Tribunal Supremo, el magistrado argumenta que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido que "aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa". Asimismo, Barreiro considera que Garzón actuó "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener por medios lícitos", y lo hizo para conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados", de manera que "dominaba absolutamente la evolución de la causa". Consultados por LA HAINE a varios abogados progresistas madrileños concluyen todos en lo mismo: "Garzón sabía que si el tema de las escuchas ilegales trascendía-lo cual era súmamente fácil-, la derecha iba a salir beneficiada".
Los procesos abiertos de Garzón
El juez tiene en este momento tres procedimientos por los que responderá ante la justicia: desde las escuchas ilegales a los implicados en la trama de financiación paralela del Partido Popular, el cobro de sobornos por parte del Banco Santander (que le serviría a la entidad del poderoso banquero Emilio Botín de librarse de una condena por apropiación indebida de 4.507 millones de euros), y la más polémica y confusa de todas, la mal llamada causa de la Memoria Histórica.
Garzón, que ha sido seleccionado por el Presidente Colombiano Juan Manuel Santos como asesor en materia de Derechos Humanos según confirmó el mandatario de visita oficial a España[1], y que ya colaboró en el pasado durante la etapa post 11-S asesorando a Uribe sobre cómo tratar a los detenidos políticos y cómo incomunicarlos, saltó a la palestra de la política española en un momento clave del Gobierno de Felipe González, concretamente en la segunda mitad de su mandato.
En aquel momento, el Gobierno del Partido Socialista se encontraba en una de las crisis más fuertes por los casos de corrupción en varias instituciones del Estado desde prácticamente la asunción de González en 1983 y que eran vox populi. Garzón en aquel momento era aspirante a ministro del gobierno de González además de canditado del mismo partido por Madrid[2], pero la decisión del Presidente del Gobierno fue nombrar y mantener desde 1988 como Ministro de Interior(puesto al que aspiraba el juez) al rudo Jose Luís Corcuera, autor de la Ley de Seguridad Ciudadana que hasta hoy sirve para garantizar amplios espacios de impunidad al actuar de los cuerpos policiales.
A partir de la caída de la candidatura de Garzón de las aspiraciones ministeriales, el juez retornó a la carrera judicial en su puesto en la Audiencia Nacional. Este tribunal es el que conoce de los delitos políticos y de los que afectan a los llamados "intereses generales", y fue creado en 1963 en plena dictadura franquista como Tribunal de Orden Público, nombre que se modificó al actual en 1977 cambiando también algunas de sus funciones. Por este tribunal pasaron los miles de presos y ejecutados durante la segunda mitad del franquismo.
Una vez regresado a este tribunal especial, Garzón abrió una serie de causas que minarían el poder electoral del Partido Socialista de Felipe González, donde el más sonado era el que juzgó la trama del terrorismo de Estado durante los años de plomo de los 80. La causa, que sólo juzgaba la muerte de 27 ciudadanos vascos(dejando centenares de víctimas sin amparo judicial pues quedaron fuera de la investigación), destapó la implicación de numerosos altos cargos políticos y militares en los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, pero las investigaciones y las condenas fueron enormemente parciales y ninguno de los condenados estuvo más de diez años en prisión[3].
En aquel momento, Garzón cobró una notoriedad máxima, dado que los grupos mediáticos opositores a Felipe González, principalmente el diario El Mundo, que apostaba por la victoria del derechista Partido Popular, dieron un excepcional trato al magistrado y lo elevaron a la categoría de líder mediático, cargo que Garzón aceptó gustosamente.
La "lucha antiterrorista"
A partir del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de Jose María Aznar, fortalecido por una mayoría absoluta parlamentaria desde las elecciones del año 2000, lanzó adelante una batería de medidas que venían planteándose desde hacía algún tiempo. Particularmente una reforma de la Ley de Partidos Políticos que permitiera ilegalizar de manera casi sumarial a todas las agrupaciones políticas de las que existieran "sospechas fundadas"(según los términos de la Ley) de colaboración con organizaciones armadas, en lo que fue una Ley que casi todos los analistas políticos coincidían en tener uno o dos objetivos: el cierre a una solución negociada al conflicto político en el País Vasco, y por otro el ataque al conjunto de agrupaciones y organismos que conforman el Movimiento de Resistencia Antifascista en el resto del Estado Español[4].
Esta reforma legislativa tuvo su respaldo judicial en el propio Juez Garzón, que se apresuró a ejecutarla en decenas de ocasiones, proscribiendo agrupaciones políticas, juveniles, culturales o de Derechos Humanos, a la par que archivaba todas las denuncias de torturas a detenidos por aplicación de la Ley de Partidos o la Ley Antiterrorista que llegaban al Juzgado Central de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional del que él era titular. Estas denuncias realizadas por detenidos políticos, que fueron verificadas por Amnistía Internacional[5] y por Naciones Unidas[6], nunca fueron investigadas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en los últimos meses a España en dos ocasiones por no indagar las causas que las motivaron[7 y 8]. Garzón, el Gobierno de Aznar(y el de Zapatero en la actualidad), y diferentes medios periodísticos afirmaron que esas denuncias "eran parte del guión de ETA que enseñaba a sus militantes para cuando fueran detenidos".
Pero su polémica doctrina sobre lucha antiterrorista no sólo se quedó en España, sino que fue exportada a América Latina, cuando el juez pasó a colaborar con el entonces Presidente Colombiano Álvaro Uribe en esta materia.[9]
Los Derechos Humanos en América Latina
A la mitología surgida en torno a Baltasar Garzón también ha cotribuido el hecho de haber dictado resoluciones de procesamiento a varios militares latinoamericanos en relación a las dictaduras militares en el continente, concretamente aquellas que afectaron a las dictaduras en Chile y Argentina. Sin embargo a esto hay que añadir matices importantes.
El delito de genocidio está regulado por el art. 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, donde se estipula que cualquier Estado es competente para investigar y resolver sobre el mismo, aunque también se establece la preferencia de los tribunales nacionales para juzgarlo. Este último precepto, que es prácticamente un principio rector de casi todos los ordenamientos procesales del mundo, ha servido para que casi todas las causas sobre DDHH en América Latina iniciadas por Garzón quedaran cajoneadas por él mismo. Es decir, más allá del impacto mediático que suponga que un juez español abra una causa por crímenes contra la humanidad, hay que entender que es un acto procesal inservible, que difícilmente un juez de la jerarquía de Garzón pueda desconocer. En el caso de Chile, se entendió que era el Juez Guzmán Tapia el competente, por tener ya una causa abierta al respecto. Eran resoluciones sin validez fáctica las que emitió el juez español que solo sirvieron para impulsar su estrellato mediático.
Solo hay un caso de procesamiento efectivo en causas de DDHH, el de Alfredo Scilingo, donde el piloto militar argentino se presentó ante el juez para admitir que él fue uno de los pilotos de los llamados vuelos de la muerte que eran los que lanzaban al mar desde el aire a detenidos políticos con el fin de hacerlos desaparecer, y aportó asimismo las pruebas obtenidas por el periodista del matutino argentino Página 12 Horacio Verbitsky. En este caso no hubo investigación alguna, pues fue el propio Scilingo el que aportó las pruebas autoinculpatorias. Este hecho le permitió obtener múltiples exclusivas periodísticas sin merecerlo.
La "Causa de la Memoria Histórica"
Durante la primera etapa del Gobierno de Zapatero, éste gozó de un amplio apoyo entre sectores progresistas españoles por el impulso de su Ejecutivo a diferentes reformas legales conducentes a la mejora en los derechos civiles. Una de estas medidas fue la llamada Ley de Memoria Histórica, que pretendía aliviar las reivindicaciones de miles de familiares de víctimas del franquismo, las cuales llevaban años solicitando justicia para con sus familiares así como una derogación de las Leyes que amnistiaron a los represores del franquismo y del post franquismo.
Pero las reivindicaciones de las víctimas quedaron postergadas de nuevo y se limitaron a reconocimientos formales que no declaraban la responsabilidad del Estado en tales masacres. En ese contexto de auge del movimiento memorialista reaparece Garzón, admitiendo a trámite una demanda presentada por los familiares de víctimas del franquismo y declarándose competente para juzgar los crímenes de la dictadura hasta 1952. Y aquí está la trampa del magistrado.
El movimiento memorialista no alineado con el Gobierno de Zapatero ha reiterado el carácter parcial y tramposo de esta resolución, que nuevamente no tiene ningún efecto práctico, pues los autores de los crímenes hasta ese año ya han fallecido y deja sin juzgar a la gran mayoría de jerarcas franquistas que hoy ocupan puestos de relevancia en Consejos de Dirección de empresas públicas y privadas, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial o de la Policía. Ahora bien, esto no implica que la resolución de Garzón no levante a lo peor de la derecha española y de su propio poder judicial, un poder judicial de escuela netamente reaccionaria y del que el propio Garzón forma parte.
Imputado por sobornos
Quizá el aspecto que pueda tener mayores consecuencias penales para el juez es el que le atribuye el cobro de grandes sumas de dinero por parte del Banco Santander. Este banco, junto a Telefónica, BBVA, la eléctrica Endesa y la petrolera Cepsa financiaron con una cantidad probablemente superior al millón de euros los cursos que Garzón impartió en Estados Unidos a lo largo del año 2005 y 2006[10].
El cordial trato de estas grandes multinacionales con el magistrado coincidió, ya de regreso de Nueva York, con el archivo de la causa que el propio Banco Santander tenía abierta por la apropiación indebida por parte de su Consejo de Administración de más de 4500 millones de euros del Banco Banesto durante el período de la intervención del Banco de España a principios de los años 90[11].
El juez, que defiende obviamente su inocencia, nunca ha podido demostrar los cobros de más de 300.000 euros que tanto él como su mujer obtuvieron durante el año 2006 y que según el informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, no se corresponden ni a las rentas ni a los salarios que ambos perciben por su trabajo[12]. La causa se pudo abrir por la correspondencia secuestrada entre Garzón y el banquero Botín.
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1- Colombia aprovechará la experiencia del juez español Baltazar Garzón
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=article&id=16878:colombia-aprovechara-la-experiencia-del-juez-espanol-baltazar-garzon-santos&catid=1:noticias
2- Rato desafía a Garzón a un debate en televisión
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/RATO/_RODRIGO/ESPANA/PARTIDO_POPULAR_/PP/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1993_/6-6-1993/elpepiesp/19930501elpepinac_6/Tes
3- Los policías utilizaron "métodos repudiables", pero no son terroristas, según la sentencia
http://www.elpais.com/articulo/espana/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/ETA/CASO_AMEDO_Y_DOMINGUEZ/policias/utilizaron/metodos/repudiables/terroristas/sentencia/elpepiesp/19910921elpepinac_19/Tes
4- La Ley de Partidos Políticos tuvo sus aplicaciones más fundamentales respecto a Batasuna, organismo político de la izquierda independentista vasca, y el Partido Comunista de España(reconstituido), a quien los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado relacionaron siempre con los GRAPO(Grupos Resistencia Antifascista Primero de Octubre, organización armada de guerrilla urbana).
5- Canarias Semanal: "La tortura en las comisarias españolas es sistemática"
http://www.youtube.com/watch?v=02rGBx6AV3c
6- Informe del relator de Naciones Unidas para la Tortura sobre la situación en España
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26420
7- Estrasburgo condena al Estado español a indemnizar a un preso vasco por no investigar su denuncia de torturas
http://www.gara.net/azkenak/09/223301/es/Estrasburgo-condena-Estado-espanol-indemnizar-preso-vasco-no-investigar-su-denuncia-torturas
8- España, condenada por no investigar torturas a un detenido
http://www.publico.es/espana/365092/espana-condenada-por-no-investigar-torturas-a-un-detenido
9- El Juez Baltasar Garzón apoya al presidente Uribe y a la ley de Justicia y Paz.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon1.html
10- Telefónica, BBVA, Santander, Endesa y Cepsa financiaron a Garzón sin "control del gasto"
http://www.elconfidencial.com/espana/garzon-cursos-nueva-york-santander-20100910-69369.html
11- Garzón archiva la querella contra Botín y otros ejecutivos del SCH porque no hubo delito tras la intervención de Banesto
http://www.lexureditorial.com/noticias/0611/28154718.htm
12- La mujer de Garzón ingresó 300.000 euros un mes después de que el juez llegara a EEUU
http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/mujer-garzon-nueva-york-guardia-civil-20110203-74365.html
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El controvertido juez enfrenta en estos días varios procedimientos que pueden acabar con la carrera de quien ha sido uno de los magistrados más mediáticos de la historia española. El último es el que lo enfrenta a una inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales a abogados de los imputados en la llamada Trama Gürtel, una causa de gran impacto periodístico por destapar una presunta red de financiación ilegal del ultraconservador Partido Popular, del que fuera el ex Presidente Jose María Aznar.
El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó el pasado lunes una resolución de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuestos delitos continuados de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales en el uso de artificios, de escucha y grabación, a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Esto violaría varios preceptos legales imperativos que en última instancia, serían medidas que facilitarían al Partido Popular salir ileso de la megacausa por no haberse respetado sus garantías procesales.
En la resolución emitida desde el Tribunal Supremo, el magistrado argumenta que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido que "aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa". Asimismo, Barreiro considera que Garzón actuó "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener por medios lícitos", y lo hizo para conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados", de manera que "dominaba absolutamente la evolución de la causa". Consultados por LA HAINE a varios abogados progresistas madrileños concluyen todos en lo mismo: "Garzón sabía que si el tema de las escuchas ilegales trascendía-lo cual era súmamente fácil-, la derecha iba a salir beneficiada".
Los procesos abiertos de Garzón
El juez tiene en este momento tres procedimientos por los que responderá ante la justicia: desde las escuchas ilegales a los implicados en la trama de financiación paralela del Partido Popular, el cobro de sobornos por parte del Banco Santander (que le serviría a la entidad del poderoso banquero Emilio Botín de librarse de una condena por apropiación indebida de 4.507 millones de euros), y la más polémica y confusa de todas, la mal llamada causa de la Memoria Histórica.
Garzón, que ha sido seleccionado por el Presidente Colombiano Juan Manuel Santos como asesor en materia de Derechos Humanos según confirmó el mandatario de visita oficial a España[1], y que ya colaboró en el pasado durante la etapa post 11-S asesorando a Uribe sobre cómo tratar a los detenidos políticos y cómo incomunicarlos, saltó a la palestra de la política española en un momento clave del Gobierno de Felipe González, concretamente en la segunda mitad de su mandato.
En aquel momento, el Gobierno del Partido Socialista se encontraba en una de las crisis más fuertes por los casos de corrupción en varias instituciones del Estado desde prácticamente la asunción de González en 1983 y que eran vox populi. Garzón en aquel momento era aspirante a ministro del gobierno de González además de canditado del mismo partido por Madrid[2], pero la decisión del Presidente del Gobierno fue nombrar y mantener desde 1988 como Ministro de Interior(puesto al que aspiraba el juez) al rudo Jose Luís Corcuera, autor de la Ley de Seguridad Ciudadana que hasta hoy sirve para garantizar amplios espacios de impunidad al actuar de los cuerpos policiales.
A partir de la caída de la candidatura de Garzón de las aspiraciones ministeriales, el juez retornó a la carrera judicial en su puesto en la Audiencia Nacional. Este tribunal es el que conoce de los delitos políticos y de los que afectan a los llamados "intereses generales", y fue creado en 1963 en plena dictadura franquista como Tribunal de Orden Público, nombre que se modificó al actual en 1977 cambiando también algunas de sus funciones. Por este tribunal pasaron los miles de presos y ejecutados durante la segunda mitad del franquismo.
Una vez regresado a este tribunal especial, Garzón abrió una serie de causas que minarían el poder electoral del Partido Socialista de Felipe González, donde el más sonado era el que juzgó la trama del terrorismo de Estado durante los años de plomo de los 80. La causa, que sólo juzgaba la muerte de 27 ciudadanos vascos(dejando centenares de víctimas sin amparo judicial pues quedaron fuera de la investigación), destapó la implicación de numerosos altos cargos políticos y militares en los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, pero las investigaciones y las condenas fueron enormemente parciales y ninguno de los condenados estuvo más de diez años en prisión[3].
En aquel momento, Garzón cobró una notoriedad máxima, dado que los grupos mediáticos opositores a Felipe González, principalmente el diario El Mundo, que apostaba por la victoria del derechista Partido Popular, dieron un excepcional trato al magistrado y lo elevaron a la categoría de líder mediático, cargo que Garzón aceptó gustosamente.
La "lucha antiterrorista"
A partir del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de Jose María Aznar, fortalecido por una mayoría absoluta parlamentaria desde las elecciones del año 2000, lanzó adelante una batería de medidas que venían planteándose desde hacía algún tiempo. Particularmente una reforma de la Ley de Partidos Políticos que permitiera ilegalizar de manera casi sumarial a todas las agrupaciones políticas de las que existieran "sospechas fundadas"(según los términos de la Ley) de colaboración con organizaciones armadas, en lo que fue una Ley que casi todos los analistas políticos coincidían en tener uno o dos objetivos: el cierre a una solución negociada al conflicto político en el País Vasco, y por otro el ataque al conjunto de agrupaciones y organismos que conforman el Movimiento de Resistencia Antifascista en el resto del Estado Español[4].
Esta reforma legislativa tuvo su respaldo judicial en el propio Juez Garzón, que se apresuró a ejecutarla en decenas de ocasiones, proscribiendo agrupaciones políticas, juveniles, culturales o de Derechos Humanos, a la par que archivaba todas las denuncias de torturas a detenidos por aplicación de la Ley de Partidos o la Ley Antiterrorista que llegaban al Juzgado Central de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional del que él era titular. Estas denuncias realizadas por detenidos políticos, que fueron verificadas por Amnistía Internacional[5] y por Naciones Unidas[6], nunca fueron investigadas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en los últimos meses a España en dos ocasiones por no indagar las causas que las motivaron[7 y 8]. Garzón, el Gobierno de Aznar(y el de Zapatero en la actualidad), y diferentes medios periodísticos afirmaron que esas denuncias "eran parte del guión de ETA que enseñaba a sus militantes para cuando fueran detenidos".
Pero su polémica doctrina sobre lucha antiterrorista no sólo se quedó en España, sino que fue exportada a América Latina, cuando el juez pasó a colaborar con el entonces Presidente Colombiano Álvaro Uribe en esta materia.[9]
Los Derechos Humanos en América Latina
A la mitología surgida en torno a Baltasar Garzón también ha cotribuido el hecho de haber dictado resoluciones de procesamiento a varios militares latinoamericanos en relación a las dictaduras militares en el continente, concretamente aquellas que afectaron a las dictaduras en Chile y Argentina. Sin embargo a esto hay que añadir matices importantes.
El delito de genocidio está regulado por el art. 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, donde se estipula que cualquier Estado es competente para investigar y resolver sobre el mismo, aunque también se establece la preferencia de los tribunales nacionales para juzgarlo. Este último precepto, que es prácticamente un principio rector de casi todos los ordenamientos procesales del mundo, ha servido para que casi todas las causas sobre DDHH en América Latina iniciadas por Garzón quedaran cajoneadas por él mismo. Es decir, más allá del impacto mediático que suponga que un juez español abra una causa por crímenes contra la humanidad, hay que entender que es un acto procesal inservible, que difícilmente un juez de la jerarquía de Garzón pueda desconocer. En el caso de Chile, se entendió que era el Juez Guzmán Tapia el competente, por tener ya una causa abierta al respecto. Eran resoluciones sin validez fáctica las que emitió el juez español que solo sirvieron para impulsar su estrellato mediático.
Solo hay un caso de procesamiento efectivo en causas de DDHH, el de Alfredo Scilingo, donde el piloto militar argentino se presentó ante el juez para admitir que él fue uno de los pilotos de los llamados vuelos de la muerte que eran los que lanzaban al mar desde el aire a detenidos políticos con el fin de hacerlos desaparecer, y aportó asimismo las pruebas obtenidas por el periodista del matutino argentino Página 12 Horacio Verbitsky. En este caso no hubo investigación alguna, pues fue el propio Scilingo el que aportó las pruebas autoinculpatorias. Este hecho le permitió obtener múltiples exclusivas periodísticas sin merecerlo.
La "Causa de la Memoria Histórica"
Durante la primera etapa del Gobierno de Zapatero, éste gozó de un amplio apoyo entre sectores progresistas españoles por el impulso de su Ejecutivo a diferentes reformas legales conducentes a la mejora en los derechos civiles. Una de estas medidas fue la llamada Ley de Memoria Histórica, que pretendía aliviar las reivindicaciones de miles de familiares de víctimas del franquismo, las cuales llevaban años solicitando justicia para con sus familiares así como una derogación de las Leyes que amnistiaron a los represores del franquismo y del post franquismo.
Pero las reivindicaciones de las víctimas quedaron postergadas de nuevo y se limitaron a reconocimientos formales que no declaraban la responsabilidad del Estado en tales masacres. En ese contexto de auge del movimiento memorialista reaparece Garzón, admitiendo a trámite una demanda presentada por los familiares de víctimas del franquismo y declarándose competente para juzgar los crímenes de la dictadura hasta 1952. Y aquí está la trampa del magistrado.
El movimiento memorialista no alineado con el Gobierno de Zapatero ha reiterado el carácter parcial y tramposo de esta resolución, que nuevamente no tiene ningún efecto práctico, pues los autores de los crímenes hasta ese año ya han fallecido y deja sin juzgar a la gran mayoría de jerarcas franquistas que hoy ocupan puestos de relevancia en Consejos de Dirección de empresas públicas y privadas, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial o de la Policía. Ahora bien, esto no implica que la resolución de Garzón no levante a lo peor de la derecha española y de su propio poder judicial, un poder judicial de escuela netamente reaccionaria y del que el propio Garzón forma parte.
Imputado por sobornos
Quizá el aspecto que pueda tener mayores consecuencias penales para el juez es el que le atribuye el cobro de grandes sumas de dinero por parte del Banco Santander. Este banco, junto a Telefónica, BBVA, la eléctrica Endesa y la petrolera Cepsa financiaron con una cantidad probablemente superior al millón de euros los cursos que Garzón impartió en Estados Unidos a lo largo del año 2005 y 2006[10].
El cordial trato de estas grandes multinacionales con el magistrado coincidió, ya de regreso de Nueva York, con el archivo de la causa que el propio Banco Santander tenía abierta por la apropiación indebida por parte de su Consejo de Administración de más de 4500 millones de euros del Banco Banesto durante el período de la intervención del Banco de España a principios de los años 90[11].
El juez, que defiende obviamente su inocencia, nunca ha podido demostrar los cobros de más de 300.000 euros que tanto él como su mujer obtuvieron durante el año 2006 y que según el informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, no se corresponden ni a las rentas ni a los salarios que ambos perciben por su trabajo[12]. La causa se pudo abrir por la correspondencia secuestrada entre Garzón y el banquero Botín.
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1- Colombia aprovechará la experiencia del juez español Baltazar Garzón
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=article&id=16878:colombia-aprovechara-la-experiencia-del-juez-espanol-baltazar-garzon-santos&catid=1:noticias
2- Rato desafía a Garzón a un debate en televisión
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/RATO/_RODRIGO/ESPANA/PARTIDO_POPULAR_/PP/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1993_/6-6-1993/elpepiesp/19930501elpepinac_6/Tes
3- Los policías utilizaron "métodos repudiables", pero no son terroristas, según la sentencia
http://www.elpais.com/articulo/espana/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/ETA/CASO_AMEDO_Y_DOMINGUEZ/policias/utilizaron/metodos/repudiables/terroristas/sentencia/elpepiesp/19910921elpepinac_19/Tes
4- La Ley de Partidos Políticos tuvo sus aplicaciones más fundamentales respecto a Batasuna, organismo político de la izquierda independentista vasca, y el Partido Comunista de España(reconstituido), a quien los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado relacionaron siempre con los GRAPO(Grupos Resistencia Antifascista Primero de Octubre, organización armada de guerrilla urbana).
5- Canarias Semanal: "La tortura en las comisarias españolas es sistemática"
http://www.youtube.com/watch?v=02rGBx6AV3c
6- Informe del relator de Naciones Unidas para la Tortura sobre la situación en España
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26420
7- Estrasburgo condena al Estado español a indemnizar a un preso vasco por no investigar su denuncia de torturas
http://www.gara.net/azkenak/09/223301/es/Estrasburgo-condena-Estado-espanol-indemnizar-preso-vasco-no-investigar-su-denuncia-torturas
8- España, condenada por no investigar torturas a un detenido
http://www.publico.es/espana/365092/espana-condenada-por-no-investigar-torturas-a-un-detenido
9- El Juez Baltasar Garzón apoya al presidente Uribe y a la ley de Justicia y Paz.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon1.html
10- Telefónica, BBVA, Santander, Endesa y Cepsa financiaron a Garzón sin "control del gasto"
http://www.elconfidencial.com/espana/garzon-cursos-nueva-york-santander-20100910-69369.html
11- Garzón archiva la querella contra Botín y otros ejecutivos del SCH porque no hubo delito tras la intervención de Banesto
http://www.lexureditorial.com/noticias/0611/28154718.htm
12- La mujer de Garzón ingresó 300.000 euros un mes después de que el juez llegara a EEUU
http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/mujer-garzon-nueva-york-guardia-civil-20110203-74365.html
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LAS FARRAS SOCIALISTAS DEL AMIGUITO DEL ALMA DE ZAPATERO: Javier de Paz, derroche en tiempos de crisis
Los delantales crujen en el jardín del palacio de los duques de Pastrana. Es una preciosa residencia, declarada monumento de interés cultural en 1979. Entre dos arbustos tenuemente iluminados aparece una bandeja.
- ¿Taquito de sashimi de salmón?
El aire endulzado por los perfumes femeninos da bandazos entre las risas. En ese jardín octogonal decorado con velas de colores, en una noche de las que anticipan un verano caluroso, la crisis es un animal extraño. Una vez uno de los presentes vio asomar sus orejas rojas, pero enseguida desvió la vista hacia unos brotes verdes que había al otro lado. El pinchadiscos impone el arrullo de Devendra Banhart: «La gente buena sólo goza, nunca hay pena. Pa' qué sufrir».
Al fondo, más alla de las cabezas de los 150 invitados a la velada, unos padres orgullosos dan la bienvenida a su hija que acaba de cumplir 18 años. Los asistentes aplauden. Algunos son compañeros de clase del colegio, pero también están los hijos de algunas de las mejores familias de Madrid. Es una ocasión única para introducir a la joven en sociedad. Ella, vestida de largo con un traje claro, la piel tostada por las plácidas tardes al sol sobre la hierba, se pasea por el jardín saludando a sus invitados. Está radiante.
No es una Martínez-Bordiú. No es una Alba ni una Koplowitz ni siquiera es la hija de un terrateniente. Hace tiempo que las costumbres más rancias de la derecha ya no le son exclusivas. Se trata de María de Paz, la hija mediana de Javier de Paz (52 años), asesor en la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, miembro del Comité Federal del PSOE, líder de sus juventudes en 1984, ex obrero de la construcción de puño en alto, al que el socialismo ha tornado en desbordante capitalista.
La salida a bolsa de Atento esta semana ha permitido conocer el sueldo de De Paz por algunos de sus puestos como el de consejero y asesor de Telefónica. El amigo del presidente se ha asegurado un mínimo de 1,43 millones de euros anuales. Además, ocupará un flamante puesto en los consejos de administración de varias filiales de Telefónica, entre otras la de Argentina, la de Sao Paulo y Telefónica Internacional, donde compartirá mesa con Iñaki Urdangarín.
¿AMNESIA SOCIALISTA?
Ser socialista, claro está, no es un impedimento para percibir un sueldo astronómico. Ni siquiera para hacerlo en plena crisis económica. Pero hay dos detalles que hacen sospechar que hace tiempo que De Paz enterró la conciencia en el mar.
Por un lado, el alarde de ostentación del festín que, según ha podido saber LOC, ofreció a su hija por su cumpleaños en un palacio que suele reservarse para celebrar bodas, mientras centenares de jóvenes se manifestaban contra el sistema político, económico y social. La factura podría ascender a los 25.000 euros (el precio del cubierto con la empresa de catering que ostenta el servicio en exclusiva parte de los 120 euros).
Por otra, el hecho ineludible de que la empresa de la que cobra semejante jornal se dispone a despedir a nada menos que 6.500 empleados en un ERE (precisamente, la misma semana en que se conocían los sueldos de los consejeros de Atento, la multinacional reculó en su intención de incrementar el número de despidos a 8.500). ¿Insolidaridad o amnesia?
En 1984, un joven Javier de Paz, que había dejado sus estudios de Derecho (nunca los terminó; en su lugar se diplomó en Información y Publicidad) y trabajaba en la construcción, utilizaba un discurso bien distinto cuando criticaba al Gobierno de Felipe González por no practicar una política demasiado agresiva para terminar con el desempleo juvenil. «La juventud, desgraciadamente, se está haciendo conservadora. Sólo se moviliza por problemas estrictos y concretos. Hay que sindicalizar a los universitarios».
Y añadía algo que no resulta ajeno a los jóvenes de hoy a los que De Paz ya no se dirige: «Hay que reincidir en la defensa de los intereses de la juventud. En la actualidad, los jóvenes no tienen trabajo, por ello corremos el riesgo de que todo el descontento que antes se centraba en temas concretos se haga ahora más genérico, se dirija contra el sistema». Profético. De Paz era un veterano en la militancia del PSOE, donde ingresó con tan sólo 15 años de la mano de su tío Jesús Mancho, hoy miembro de la ejecutiva confederal de UGT.
El otro día en los jardines del palacio de los duques de Pastrana, el también vallisoletano De Paz lucía un traje y zapatos brillantes. Se acabaron los tiempos de miseria. Su padre, también trabajador de construcción, pasó a ser concejal por Valladolid. «Por tanto», decían entonces los diarios nacionales, «no resulta extraño que Javier de Paz vea su futuro en la política». A lo que él, todo intenciones, respondía: «No soy secretario general de las juventudes socialistas porque considere que esto pueda garantizar mi futuro».
LA CARRERA POLÍTICA
Cuando Zapatero se instaló en Madrid con su familia en 2001, él era el adjunto a la Presidencia y director de Estrategia Corporativa del Grupo Panrico Donuts. Ocupaba el puesto desde 1996, cuando dejó la dirección general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo. De Paz vivía en Las Rozas y, enseguida, se convirtió en el apoyo del nuevo secretario general del PSOE. Su mujer, Ana Pérez Santamaría, funcionaria del Inem, y conocedora del drama diario de muchos españoles, fue quien recomendó al matrimonio presidencial que se comprara una casa junto a la suya en Las Rozas.
Santamaría ejerció de guía; hizo las gestiones para que las niñas se matricularan en el mismo colegio que las suyas. De hecho, Laura Rodríguez, la mayor de las hijas del presidente, figura como amiga de María de Paz en su perfil en las redes sociales.
Hoy la funcionaria del Inem es, además, la jefa de la secretaría de Sonsoles Espinosa.
Poco después de que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones generales en 2004, De Paz fue nombrado presidente de la empresa nacional MERCASA, dependiente de SEPI y del Ministerio de Agricultura. Dejó el puesto en diciembre de 2007 por incompatibilidad con su nuevo cargo en Telefónica.
Un buen trabajo para que a su familia no le falte de nada. Sus tres hijas, Silvia, María y Ana, han estudiado en buenos colegios y han completado su formación con cursos en el extranjero. En Facebook cuentan sus intereses: «Una fuerza sobrehumana me obliga a comprar zapatos, Madrid 2-Barcelona 6 o apagar la luz del pasillo y salir corriendo para que nadie te asesine». Cosas que deben de ocurrir en las casas grandes...
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- ¿Taquito de sashimi de salmón?
El aire endulzado por los perfumes femeninos da bandazos entre las risas. En ese jardín octogonal decorado con velas de colores, en una noche de las que anticipan un verano caluroso, la crisis es un animal extraño. Una vez uno de los presentes vio asomar sus orejas rojas, pero enseguida desvió la vista hacia unos brotes verdes que había al otro lado. El pinchadiscos impone el arrullo de Devendra Banhart: «La gente buena sólo goza, nunca hay pena. Pa' qué sufrir».
Al fondo, más alla de las cabezas de los 150 invitados a la velada, unos padres orgullosos dan la bienvenida a su hija que acaba de cumplir 18 años. Los asistentes aplauden. Algunos son compañeros de clase del colegio, pero también están los hijos de algunas de las mejores familias de Madrid. Es una ocasión única para introducir a la joven en sociedad. Ella, vestida de largo con un traje claro, la piel tostada por las plácidas tardes al sol sobre la hierba, se pasea por el jardín saludando a sus invitados. Está radiante.
No es una Martínez-Bordiú. No es una Alba ni una Koplowitz ni siquiera es la hija de un terrateniente. Hace tiempo que las costumbres más rancias de la derecha ya no le son exclusivas. Se trata de María de Paz, la hija mediana de Javier de Paz (52 años), asesor en la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero, miembro del Comité Federal del PSOE, líder de sus juventudes en 1984, ex obrero de la construcción de puño en alto, al que el socialismo ha tornado en desbordante capitalista.
La salida a bolsa de Atento esta semana ha permitido conocer el sueldo de De Paz por algunos de sus puestos como el de consejero y asesor de Telefónica. El amigo del presidente se ha asegurado un mínimo de 1,43 millones de euros anuales. Además, ocupará un flamante puesto en los consejos de administración de varias filiales de Telefónica, entre otras la de Argentina, la de Sao Paulo y Telefónica Internacional, donde compartirá mesa con Iñaki Urdangarín.
¿AMNESIA SOCIALISTA?
Ser socialista, claro está, no es un impedimento para percibir un sueldo astronómico. Ni siquiera para hacerlo en plena crisis económica. Pero hay dos detalles que hacen sospechar que hace tiempo que De Paz enterró la conciencia en el mar.
Por un lado, el alarde de ostentación del festín que, según ha podido saber LOC, ofreció a su hija por su cumpleaños en un palacio que suele reservarse para celebrar bodas, mientras centenares de jóvenes se manifestaban contra el sistema político, económico y social. La factura podría ascender a los 25.000 euros (el precio del cubierto con la empresa de catering que ostenta el servicio en exclusiva parte de los 120 euros).
Por otra, el hecho ineludible de que la empresa de la que cobra semejante jornal se dispone a despedir a nada menos que 6.500 empleados en un ERE (precisamente, la misma semana en que se conocían los sueldos de los consejeros de Atento, la multinacional reculó en su intención de incrementar el número de despidos a 8.500). ¿Insolidaridad o amnesia?
En 1984, un joven Javier de Paz, que había dejado sus estudios de Derecho (nunca los terminó; en su lugar se diplomó en Información y Publicidad) y trabajaba en la construcción, utilizaba un discurso bien distinto cuando criticaba al Gobierno de Felipe González por no practicar una política demasiado agresiva para terminar con el desempleo juvenil. «La juventud, desgraciadamente, se está haciendo conservadora. Sólo se moviliza por problemas estrictos y concretos. Hay que sindicalizar a los universitarios».
Y añadía algo que no resulta ajeno a los jóvenes de hoy a los que De Paz ya no se dirige: «Hay que reincidir en la defensa de los intereses de la juventud. En la actualidad, los jóvenes no tienen trabajo, por ello corremos el riesgo de que todo el descontento que antes se centraba en temas concretos se haga ahora más genérico, se dirija contra el sistema». Profético. De Paz era un veterano en la militancia del PSOE, donde ingresó con tan sólo 15 años de la mano de su tío Jesús Mancho, hoy miembro de la ejecutiva confederal de UGT.
El otro día en los jardines del palacio de los duques de Pastrana, el también vallisoletano De Paz lucía un traje y zapatos brillantes. Se acabaron los tiempos de miseria. Su padre, también trabajador de construcción, pasó a ser concejal por Valladolid. «Por tanto», decían entonces los diarios nacionales, «no resulta extraño que Javier de Paz vea su futuro en la política». A lo que él, todo intenciones, respondía: «No soy secretario general de las juventudes socialistas porque considere que esto pueda garantizar mi futuro».
LA CARRERA POLÍTICA
Cuando Zapatero se instaló en Madrid con su familia en 2001, él era el adjunto a la Presidencia y director de Estrategia Corporativa del Grupo Panrico Donuts. Ocupaba el puesto desde 1996, cuando dejó la dirección general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo. De Paz vivía en Las Rozas y, enseguida, se convirtió en el apoyo del nuevo secretario general del PSOE. Su mujer, Ana Pérez Santamaría, funcionaria del Inem, y conocedora del drama diario de muchos españoles, fue quien recomendó al matrimonio presidencial que se comprara una casa junto a la suya en Las Rozas.
Santamaría ejerció de guía; hizo las gestiones para que las niñas se matricularan en el mismo colegio que las suyas. De hecho, Laura Rodríguez, la mayor de las hijas del presidente, figura como amiga de María de Paz en su perfil en las redes sociales.
Hoy la funcionaria del Inem es, además, la jefa de la secretaría de Sonsoles Espinosa.
Poco después de que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones generales en 2004, De Paz fue nombrado presidente de la empresa nacional MERCASA, dependiente de SEPI y del Ministerio de Agricultura. Dejó el puesto en diciembre de 2007 por incompatibilidad con su nuevo cargo en Telefónica.
Un buen trabajo para que a su familia no le falte de nada. Sus tres hijas, Silvia, María y Ana, han estudiado en buenos colegios y han completado su formación con cursos en el extranjero. En Facebook cuentan sus intereses: «Una fuerza sobrehumana me obliga a comprar zapatos, Madrid 2-Barcelona 6 o apagar la luz del pasillo y salir corriendo para que nadie te asesine». Cosas que deben de ocurrir en las casas grandes...
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Manuel Pizarro y Javier de Paz, nuevos consejeros de Teléfónica Cesar Alierta nombra de número dos de la compañía a Julio Linares
Telefónica tendrá un consejo de administración más político. El máximo órgano de Gobierno de Telefónica nombrará consejeros al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro Moreno y al ex secretario de ex secretario de Juventudes Socialistas y presidente de MERCASA, Javier de Paz Mancho.
* Alemania da la razón a Telefónica y acusa a Deutsche Telekom de abuso de poder
La noticia en otros webs
* webs en español
* en otros idiomas
Ambos se incorporarán al máximo órgano de gobierno de la operadora en calidad de consejeros independientes. El consejo de administración de la compañía que preside César Alierta está formado actualmente por 17 miembros.
Manuel Pizarro, nacido en Teruel en 1951, cedió el testigo en Endesa a José Manuel Entrecanales el pasado 18 de octubre, después de que se materializara con éxito la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) formulada por Enel y Acciona sobre la eléctrica, que llevaba más de dos año envuelta en el más largo y complejo proceso de OPAs de la historia empresarial española, incluidos varios procesos judiciales, desde que Gas Natural lanzara la primera oferta en septiembre de 2005.
Javier de Paz, es intimo amigo de José Luis Rodríguez Zapaterro y actualmente es presidente de MERCASA. Fue ex secretario de Juventudes Socialistas y en su trayectoria empresarial ha ocupado cargos como adjunto a la presidencia de Panrico. De Paz, nacido en Valladolid en 1958, ha sido también director general de Comercio Interior y presidente del Observatorio de la Distribución Comercial; secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), miembro del Consejo Económico y Social (CES), consejero de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y del Grupo Panrico. Desde 2003 es presidente de la Patronal de Bollería de Marca (COE).
Se da la circunstancia de que Pizarro es un hombre ligado al PP y que mantiene una buena relación con el ex presidente José María Aznar, mientras que Javier de Paz es gran amigo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio Linares, 'número dos'
Además, como número dos de la compañía presidida por César Alierta entrará a partir de mañana Julio Linares, que ocupará el cargo de consejero delegado, una figura vacante desde que Fernando Abril-Martorell abandonara la compañía en septiembre de 2003, informaron en fuentes del mercado.
Julio Linares ejercía ya, de hecho, como segundo de la compañía desde diciembre de 2005 tras la cuarta reorganización de la cúpula directiva que ha llevado a cabo César Alierta. Para evitar luchas de poder, Alierta optó por nombrarle director general de Coordinación, Desarrollo del Negocio y Sinergias, reportando directamente al presidente del grupo, un cargo de nueva creación que, en la práctica, suponía ser el número dos de la compañía.
Tras la reorganización, las funciones teóricas de Linares, hasta entonces presidente de Telefónica de España, eran la integración de los nuevos negocios del grupo, y la convergencia del fijo y el móvil.
No obstante, sus funciones se veían solapadas con las del director general de Telefónica España, al frente de la cual situó a Antonio Viana-Baptista, que asumió los negocios del fijo y móvil a escala nacional, dejando en manos de José María Alvarez-Pallete todo el negocio en Latinoamérica y en manos de Peter Erskine, presidente de O2 el negocio europeo (Reino Unido, Alemania, República Checa, Eslovaquia, e Irlanda) . Alierta, Linares, Viana-Baptista, y el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Santiago Fernández Balbuena, forman el Comité Ejecutivo de la compañía.
Julio Linares López es un histórico de la compañía y uno de los pocos supervivientes de la era de Juan Villalonga, el anterior presidente de la compañía. Ingeniero de telecomunicaciones, ingresó en Telefónica en mayo de 1970 en el Centro de Investigación y Desarrollo, departamento del que, en abril de 1990, fue nombrado Director General. En diciembre de 1994 pasó a ocuparse de la Subdirección General de Marketing y Desarrollo de Servicios, y posteriormente de la Dirección General Adjunta de Marketing de Empresas. En julio de 1997 se hizo cargo como Consejero Delegado de Telefónica Multimedia.
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* Alemania da la razón a Telefónica y acusa a Deutsche Telekom de abuso de poder
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Ambos se incorporarán al máximo órgano de gobierno de la operadora en calidad de consejeros independientes. El consejo de administración de la compañía que preside César Alierta está formado actualmente por 17 miembros.
Manuel Pizarro, nacido en Teruel en 1951, cedió el testigo en Endesa a José Manuel Entrecanales el pasado 18 de octubre, después de que se materializara con éxito la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) formulada por Enel y Acciona sobre la eléctrica, que llevaba más de dos año envuelta en el más largo y complejo proceso de OPAs de la historia empresarial española, incluidos varios procesos judiciales, desde que Gas Natural lanzara la primera oferta en septiembre de 2005.
Javier de Paz, es intimo amigo de José Luis Rodríguez Zapaterro y actualmente es presidente de MERCASA. Fue ex secretario de Juventudes Socialistas y en su trayectoria empresarial ha ocupado cargos como adjunto a la presidencia de Panrico. De Paz, nacido en Valladolid en 1958, ha sido también director general de Comercio Interior y presidente del Observatorio de la Distribución Comercial; secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), miembro del Consejo Económico y Social (CES), consejero de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y del Grupo Panrico. Desde 2003 es presidente de la Patronal de Bollería de Marca (COE).
Se da la circunstancia de que Pizarro es un hombre ligado al PP y que mantiene una buena relación con el ex presidente José María Aznar, mientras que Javier de Paz es gran amigo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio Linares, 'número dos'
Además, como número dos de la compañía presidida por César Alierta entrará a partir de mañana Julio Linares, que ocupará el cargo de consejero delegado, una figura vacante desde que Fernando Abril-Martorell abandonara la compañía en septiembre de 2003, informaron en fuentes del mercado.
Julio Linares ejercía ya, de hecho, como segundo de la compañía desde diciembre de 2005 tras la cuarta reorganización de la cúpula directiva que ha llevado a cabo César Alierta. Para evitar luchas de poder, Alierta optó por nombrarle director general de Coordinación, Desarrollo del Negocio y Sinergias, reportando directamente al presidente del grupo, un cargo de nueva creación que, en la práctica, suponía ser el número dos de la compañía.
Tras la reorganización, las funciones teóricas de Linares, hasta entonces presidente de Telefónica de España, eran la integración de los nuevos negocios del grupo, y la convergencia del fijo y el móvil.
No obstante, sus funciones se veían solapadas con las del director general de Telefónica España, al frente de la cual situó a Antonio Viana-Baptista, que asumió los negocios del fijo y móvil a escala nacional, dejando en manos de José María Alvarez-Pallete todo el negocio en Latinoamérica y en manos de Peter Erskine, presidente de O2 el negocio europeo (Reino Unido, Alemania, República Checa, Eslovaquia, e Irlanda) . Alierta, Linares, Viana-Baptista, y el director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Santiago Fernández Balbuena, forman el Comité Ejecutivo de la compañía.
Julio Linares López es un histórico de la compañía y uno de los pocos supervivientes de la era de Juan Villalonga, el anterior presidente de la compañía. Ingeniero de telecomunicaciones, ingresó en Telefónica en mayo de 1970 en el Centro de Investigación y Desarrollo, departamento del que, en abril de 1990, fue nombrado Director General. En diciembre de 1994 pasó a ocuparse de la Subdirección General de Marketing y Desarrollo de Servicios, y posteriormente de la Dirección General Adjunta de Marketing de Empresas. En julio de 1997 se hizo cargo como Consejero Delegado de Telefónica Multimedia.
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Cata destapa la noche más turbia
Un 'pinchazo' de la Guardia Civil al hijo de un imputado por el 'Guateque' revela un supuesto entramado de matones y traficantes - El portero asesinado aparece citado en la investigación
Extorsiones. Palizas por deudas de droga. Venganzas. Tráfico de cocaína y compra de licencias de locales con la implicación de funcionarios municipales. Existe una relación entre todo este submundo de la noche madrileña. Sus protagonistas se conocen, se prestan dinero, se protegen y se hacen favores. Pero a veces, se pelean. Y cuando lo hacen, la cosa acaba a tiros. No son personajes aislados. Forman parte de una red de delincuentes organizados que se reparten a golpes la noche madrileña. Es el dibujo que plantea una investigación de la Guardia Civil iniciada con el pinchazo del teléfono del hijo de un implicado en el caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid.
* FIGURAS CLAVES APARECIDAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
* Granados: "El crimen organizado se ha adueñado de Madrid"
* Ojos vendados, palizas y una pistola en la cabeza
* Coslada no halla culpables en el 'caso Bloque', pero releva a un edil
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* webs en español
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"Todo es un invento de la Guardia Civil", dice el abogado de Ivo el Búlgaro
"No es habitual ver a un juez en compañía de gente de la calaña del Ivo y el Cata"
La muerte de Catalin Stefan Craziun, alias Cata, lugarteniente de la banda de Ivo el búlgaro y asesinado a tiros en la puerta de la discoteca Heaven el pasado lunes, presuntamente por un integrante de los Miami, ha destapado las luchas entre mafias por controlar la seguridad en los bares. Detrás hay mucho más.
El relato de estas conexiones, que salpican a la Operación Bloque de Coslada, aparece en una investigación de la unidad de la Guardia Civil que indaga el caso de corrupción en el Ayuntamiento. El nombre de Cata está ahí, junto al de Ivo. Se trata de una pieza separada en el sumario del caso que instruye desde noviembre de 2007 el juez Santiago Torres, que tiene 1.375 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un tomo plagado de escuchas que relacionan los últimos sucesos en la noche madrileña. Pero tras horas de pinchazos y extractos de cuentas y sociedades mercantiles, los investigadores no consiguieron imputar a los implicados. El fiscal tuvo que sobreseer el caso. El documento es un inquietante retrato de la noche.
Todo empieza con un teléfono móvil. El que permitiría a Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento e imputado por el Guateque, eludir la disciplina penitenciaria y comunicarse con quien quisiera. Se lo consiguió a principios de 2008 su hijo, Acisclo Fernández, propietario, además, de la discoteca Dink (el local con más denuncias investigado en el Guateque). La Guardia Civil había pinchado su teléfono. El intermediario sería un tal Lauro, un colombiano nacionalizado español a quien la Guardia Civil define como "la persona que más cocaína mueve en Madrid" y que dirige, desde un conocido gimnasio, una banda de "matones de feria dispuestos a todo". El móvil sólo le costó a Acis 400 euros.En enero de 2008, Lauro llama a Acisclo.
Lauro: Dime el nombre y los apellidos, que los he dejado en la libreta y no la tengo aquí.
Acisclo. Ah, sí. Joaquín Fernández de Castro
L: Vale, vale, gracias.
A: Está en el módulo de ingresos.
Poco después, nuevas conversaciones explican cómo se introdujo el móvil. Acisclo ingresó 400 euros en una cuenta bancaria que le proporcionó "uno de los abogados de Lauro", Roberto Rodríguez Casas, que también defiende a Ivo y al resto de su banda. El dinero, depositado en la cuenta de una mujer, era para que alguien se encargara de meter el móvil en la cárcel. "Ya está conseguido, pero lo tendrá mañana o pasado. [...] Así podremos hablar todos con él", le explica Acis a un amigo por teléfono. Rodríguez Casas negó ayer que se introdujera un móvil: "Era dinero para estar más cómodo en la cárcel. Fue una cuestión humanitaria. Acisclo es un conocido que me pidió ayuda. Es todo un invento de la Guardia Civil".
En enero, Fernández de Castro llevaba un mes en la cárcel de Alcalá Meco, imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. No tardó en hacer amigos. "Mi padre se ha echado un par de colegas que son los que manejan el plan. Dos hermanos gemelos que hace cuatro años se cogieron un pedo y le dieron una paliza a un pibe y lo mataron. Llevan 5 años y tienen que chupar otros cinco, son presos de confianza, buen trato y le ayudan en todo. No tiene problemas con nadie, dice que hay muchos jaris", le contó Acis a un amigo.
Las escuchas sobre el teléfono de Acisclo llevaron a los agentes a descubrir un entramado de relaciones que "pone de manifiesto la existencia de una tupida banda de presuntos delincuentes implicados en la comisión de delitos de tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y un largo etcétera", según el informe. El presunto cabecilla de la organización, según el instituto armado, es el colombiano Lauro, procesado por tráfico de drogas por la Audiencia Nacional. Éste se intercambia 284 llamadas en 2006 con Acis, luego se enfrían las relaciones, dicen los investigadores como consecuencia de una paliza que Acis recibe de unos sicarios supuestamente contratados por Lauro. ¿El motivo? Una deuda con él. En 2007 se retoman cuando el padre de Acis ingresa en prisión.
Lauro es además conocido de Ivo el búlgaro, uno de los jefes de las mafias que controlan la seguridad de discotecas, según la Guardia Civil, e imputado por secuestro. En varias conversaciones aparece su nombre. Según los informes, Ivo contrata a través de su empresa Apolo Check a varios matones. Cata era uno de ellos.
Los agentes espían el 12 de abril la boda de Ivo el Búlgaro, celebrada en la Iglesia Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya de Madrid. En la pieza separada del sumario aparece amplia documentación sobre esta ceremonia. "La experiencia policial y mundana", asegura el instructor del informe, "tiene demostrado que es en esas celebraciones donde se dan cita algunos de los más curiosos ejemplares de esa fauna delincuencial".
A la ceremonia asistió el juez Carlos Nogales. Este magistrado fue investigado durante la instrucción de la operación Bloque contra la corrupción policial en Coslada. Se le imputó un presunto delito de coacciones contra una testigo, pero el caso se archivó y su actuación sólo se consideró como una falta muy grave.
La Guardia Civil describe así la presencia de Nogales: "Se dirigía al resto de invitados regalando sonrisas y efusivos abrazos. Lo malo es que algunos de los que el hombre elegante abrazaba y besaba en la faz (con dos besos al estilo Cosa Nostra), han aparecido en las páginas de sucesos de los periódicos con motivo de sus últimas actuaciones estelares. No es nada habitual ver a un juez en compañía de la calaña del Ivo, del Cata y del Nasca".
En toda esta historia faltan los Miami, otra banda de matones, rival de la cuadrilla de Ivo, a la que la policía atribuye el asesinato de Catalin, el portero de la discoteca Heaven. Los agentes también se refieren a ellos en la pieza separada del caso Guateque. Según los agentes, el jefe de los Miami es Juan Carlos Peña Enano, en busca y captura por tráfico de droga y huido a Suramérica después de salir ileso de un tiroteo. ¿Qué tiene en común con Lauro, el colombiano? Ambos compartían abogado, Roberto Gutiérrez Cobeño. El letrado fue asesinado en 2005 en Madrid, acribillado a balazos en su coche. Lauro y Juan Carlos Peña fueron sospechosos de ese crimen.
La investigación no consiguió llevar a ninguno a los tribunales. Demostró, sin embargo, que todos los implicados se conocen. Que, a veces, trabajan juntos. Pero que, muchas otras, se estorban y tienen que cuidar su negocio por separado.
FIGURAS CLAVES APARECIDAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
- IVO 'EL BÚLGARO'. Controla parte de los porteros de Madrid. Es dueño de la empresa de seguridad Apolo Check. Imputado por el secuestro y la paliza a un búlgaro. El juez sustituto de Coslada, Carlos Nogales, fue invitado a su boda.
- CATALIN STEFAN 'CATA'. Lugarteniente de Ivo. Asesinado la madrugada del lunes por un miembro de una banda rival, los Miami, según la policía. Imputado por los mismos cargos que su jefe, Ivo El Búlgaro: secuestro y agresión.
- LAURO. Procesado por tráfico de drogas, la Guardia Civil lo considera uno de los
narcos más importantes de la capital. Según la pieza sumarial, ayudó a meter un móvil en la cárcel para un imputado en el caso Guateque.
- ACISCLO FERNÁNDEZ. Hijo de Fernández de Castro y dueño del local Dink, investigado en el mismo caso. Según la Guardia Civil, Lauro encargó a unos sicarios que le dieran una paliza por una deuda que luego aplazó. Le ayudó a introducir el móvil para su padre.
- FERNÁNDEZ DE CASTRO.Ex jefe de Evaluación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Principal imputado en el caso Guateque que investiga la corrupción municipal relacionada con la concesión ilegal de licencias a locales.
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Extorsiones. Palizas por deudas de droga. Venganzas. Tráfico de cocaína y compra de licencias de locales con la implicación de funcionarios municipales. Existe una relación entre todo este submundo de la noche madrileña. Sus protagonistas se conocen, se prestan dinero, se protegen y se hacen favores. Pero a veces, se pelean. Y cuando lo hacen, la cosa acaba a tiros. No son personajes aislados. Forman parte de una red de delincuentes organizados que se reparten a golpes la noche madrileña. Es el dibujo que plantea una investigación de la Guardia Civil iniciada con el pinchazo del teléfono del hijo de un implicado en el caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid.
* FIGURAS CLAVES APARECIDAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
* Granados: "El crimen organizado se ha adueñado de Madrid"
* Ojos vendados, palizas y una pistola en la cabeza
* Coslada no halla culpables en el 'caso Bloque', pero releva a un edil
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"Todo es un invento de la Guardia Civil", dice el abogado de Ivo el Búlgaro
"No es habitual ver a un juez en compañía de gente de la calaña del Ivo y el Cata"
La muerte de Catalin Stefan Craziun, alias Cata, lugarteniente de la banda de Ivo el búlgaro y asesinado a tiros en la puerta de la discoteca Heaven el pasado lunes, presuntamente por un integrante de los Miami, ha destapado las luchas entre mafias por controlar la seguridad en los bares. Detrás hay mucho más.
El relato de estas conexiones, que salpican a la Operación Bloque de Coslada, aparece en una investigación de la unidad de la Guardia Civil que indaga el caso de corrupción en el Ayuntamiento. El nombre de Cata está ahí, junto al de Ivo. Se trata de una pieza separada en el sumario del caso que instruye desde noviembre de 2007 el juez Santiago Torres, que tiene 1.375 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un tomo plagado de escuchas que relacionan los últimos sucesos en la noche madrileña. Pero tras horas de pinchazos y extractos de cuentas y sociedades mercantiles, los investigadores no consiguieron imputar a los implicados. El fiscal tuvo que sobreseer el caso. El documento es un inquietante retrato de la noche.
Todo empieza con un teléfono móvil. El que permitiría a Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento e imputado por el Guateque, eludir la disciplina penitenciaria y comunicarse con quien quisiera. Se lo consiguió a principios de 2008 su hijo, Acisclo Fernández, propietario, además, de la discoteca Dink (el local con más denuncias investigado en el Guateque). La Guardia Civil había pinchado su teléfono. El intermediario sería un tal Lauro, un colombiano nacionalizado español a quien la Guardia Civil define como "la persona que más cocaína mueve en Madrid" y que dirige, desde un conocido gimnasio, una banda de "matones de feria dispuestos a todo". El móvil sólo le costó a Acis 400 euros.En enero de 2008, Lauro llama a Acisclo.
Lauro: Dime el nombre y los apellidos, que los he dejado en la libreta y no la tengo aquí.
Acisclo. Ah, sí. Joaquín Fernández de Castro
L: Vale, vale, gracias.
A: Está en el módulo de ingresos.
Poco después, nuevas conversaciones explican cómo se introdujo el móvil. Acisclo ingresó 400 euros en una cuenta bancaria que le proporcionó "uno de los abogados de Lauro", Roberto Rodríguez Casas, que también defiende a Ivo y al resto de su banda. El dinero, depositado en la cuenta de una mujer, era para que alguien se encargara de meter el móvil en la cárcel. "Ya está conseguido, pero lo tendrá mañana o pasado. [...] Así podremos hablar todos con él", le explica Acis a un amigo por teléfono. Rodríguez Casas negó ayer que se introdujera un móvil: "Era dinero para estar más cómodo en la cárcel. Fue una cuestión humanitaria. Acisclo es un conocido que me pidió ayuda. Es todo un invento de la Guardia Civil".
En enero, Fernández de Castro llevaba un mes en la cárcel de Alcalá Meco, imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. No tardó en hacer amigos. "Mi padre se ha echado un par de colegas que son los que manejan el plan. Dos hermanos gemelos que hace cuatro años se cogieron un pedo y le dieron una paliza a un pibe y lo mataron. Llevan 5 años y tienen que chupar otros cinco, son presos de confianza, buen trato y le ayudan en todo. No tiene problemas con nadie, dice que hay muchos jaris", le contó Acis a un amigo.
Las escuchas sobre el teléfono de Acisclo llevaron a los agentes a descubrir un entramado de relaciones que "pone de manifiesto la existencia de una tupida banda de presuntos delincuentes implicados en la comisión de delitos de tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y un largo etcétera", según el informe. El presunto cabecilla de la organización, según el instituto armado, es el colombiano Lauro, procesado por tráfico de drogas por la Audiencia Nacional. Éste se intercambia 284 llamadas en 2006 con Acis, luego se enfrían las relaciones, dicen los investigadores como consecuencia de una paliza que Acis recibe de unos sicarios supuestamente contratados por Lauro. ¿El motivo? Una deuda con él. En 2007 se retoman cuando el padre de Acis ingresa en prisión.
Lauro es además conocido de Ivo el búlgaro, uno de los jefes de las mafias que controlan la seguridad de discotecas, según la Guardia Civil, e imputado por secuestro. En varias conversaciones aparece su nombre. Según los informes, Ivo contrata a través de su empresa Apolo Check a varios matones. Cata era uno de ellos.
Los agentes espían el 12 de abril la boda de Ivo el Búlgaro, celebrada en la Iglesia Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya de Madrid. En la pieza separada del sumario aparece amplia documentación sobre esta ceremonia. "La experiencia policial y mundana", asegura el instructor del informe, "tiene demostrado que es en esas celebraciones donde se dan cita algunos de los más curiosos ejemplares de esa fauna delincuencial".
A la ceremonia asistió el juez Carlos Nogales. Este magistrado fue investigado durante la instrucción de la operación Bloque contra la corrupción policial en Coslada. Se le imputó un presunto delito de coacciones contra una testigo, pero el caso se archivó y su actuación sólo se consideró como una falta muy grave.
La Guardia Civil describe así la presencia de Nogales: "Se dirigía al resto de invitados regalando sonrisas y efusivos abrazos. Lo malo es que algunos de los que el hombre elegante abrazaba y besaba en la faz (con dos besos al estilo Cosa Nostra), han aparecido en las páginas de sucesos de los periódicos con motivo de sus últimas actuaciones estelares. No es nada habitual ver a un juez en compañía de la calaña del Ivo, del Cata y del Nasca".
En toda esta historia faltan los Miami, otra banda de matones, rival de la cuadrilla de Ivo, a la que la policía atribuye el asesinato de Catalin, el portero de la discoteca Heaven. Los agentes también se refieren a ellos en la pieza separada del caso Guateque. Según los agentes, el jefe de los Miami es Juan Carlos Peña Enano, en busca y captura por tráfico de droga y huido a Suramérica después de salir ileso de un tiroteo. ¿Qué tiene en común con Lauro, el colombiano? Ambos compartían abogado, Roberto Gutiérrez Cobeño. El letrado fue asesinado en 2005 en Madrid, acribillado a balazos en su coche. Lauro y Juan Carlos Peña fueron sospechosos de ese crimen.
La investigación no consiguió llevar a ninguno a los tribunales. Demostró, sin embargo, que todos los implicados se conocen. Que, a veces, trabajan juntos. Pero que, muchas otras, se estorban y tienen que cuidar su negocio por separado.
FIGURAS CLAVES APARECIDAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
- IVO 'EL BÚLGARO'. Controla parte de los porteros de Madrid. Es dueño de la empresa de seguridad Apolo Check. Imputado por el secuestro y la paliza a un búlgaro. El juez sustituto de Coslada, Carlos Nogales, fue invitado a su boda.
- CATALIN STEFAN 'CATA'. Lugarteniente de Ivo. Asesinado la madrugada del lunes por un miembro de una banda rival, los Miami, según la policía. Imputado por los mismos cargos que su jefe, Ivo El Búlgaro: secuestro y agresión.
- LAURO. Procesado por tráfico de drogas, la Guardia Civil lo considera uno de los
narcos más importantes de la capital. Según la pieza sumarial, ayudó a meter un móvil en la cárcel para un imputado en el caso Guateque.
- ACISCLO FERNÁNDEZ. Hijo de Fernández de Castro y dueño del local Dink, investigado en el mismo caso. Según la Guardia Civil, Lauro encargó a unos sicarios que le dieran una paliza por una deuda que luego aplazó. Le ayudó a introducir el móvil para su padre.
- FERNÁNDEZ DE CASTRO.Ex jefe de Evaluación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Principal imputado en el caso Guateque que investiga la corrupción municipal relacionada con la concesión ilegal de licencias a locales.
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Seis años de cárcel para el interventor que estafó a su banco 560 millones
La Audiencia Provincial ha condenado a José María Novillo Montes, interventor apoderado de la sucursal del Banco de las Islas Canarias de la calle de José Abascal, a seis años y un día de prisión mayor por estafar a esta entidad 560 millones de pesetas desde marzo de 1989 a julio de 1990.
La sentencia condena a Novillo a seis años y un día de prisión por los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, así como a indemnizar a Caixabanc (entidad sucesora del Banco de las Islas Canarias) con 560 millones. Asimismo condena a Jesús Westermayer Badiola, único administrador de Domivisión (empresa creada para ingresar las cantidades estafadas por Novillo y que confeccionaba los documentos necesarios para ello), a la pena de un año de prisión y multa de 100.000 pesetas, con 16 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por ser cómplice de Novillo.
También ha sido condenada María del Carmen Vargas Suárez, compañera sentimental de Gianfranco Ferri, que también figuraba como acusado, aunque por problemas de salud no fue juzgado. Vargas deberá pasar dos años en la cárcel y pagar una multa de 500.000 pesetas o 16 días de arresto sustitutorio en caso de impago por un delito de receptación. Además deberá indemnizar a Caixabanc con 153 millones de pesetas. Se ha decretado el decomiso de sus joyas, sus vehículos, sus ocho viviendas y sus cuentas corrientes.
Cheques sin fondos
La estafa se perpetró por distintos métodos. Entre marzo y julio de 1989, Novillo se aprovechó de que faltaba el cajero del banco para atender 37 cheques sin fondos de la cuenta de uno de los acusados a los que no se juzga y embolsarle 5,8 millones de pesetas, que cargaba en la cuenta de deudores diversos de la entidad. Justificó estos abonos con los ingresos reales de otros clientes del banco.Entre julio y diciembre de ese mismo año, Novillo se apropió de 238 millones del banco gracias a extracciones en metálico de la caja y pagos a cheques que él mismo había hecho. Para eludir el balance cerrado que la entidad elaboraba a finales de año, el acusado consiguió atrasarlo y ocultar lo defraudado con el ingreso de cinco cheques sin fondos ingresados por el acusado Cirilo Vilda, ya fallecido. Además, la empresa de este último extendió varios recibos que no correspondían a ninguna operación real a nombre de Domivisión. Por último, entre enero y julio de 1990, utilizando prácticas similares, Novillo estafó 314 millones de pesetas.
El 27 de julio, Novillo confesó todo lo que había hecho, y se procedió a abrir la caja de seguridad que tenía en el banco; en ella había documentación sobre las operaciones realizadas por Domivisión y sobre supuestos negocios inmobiliarios de Novillo, así como dinero en metálico y joyas.
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La sentencia condena a Novillo a seis años y un día de prisión por los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, así como a indemnizar a Caixabanc (entidad sucesora del Banco de las Islas Canarias) con 560 millones. Asimismo condena a Jesús Westermayer Badiola, único administrador de Domivisión (empresa creada para ingresar las cantidades estafadas por Novillo y que confeccionaba los documentos necesarios para ello), a la pena de un año de prisión y multa de 100.000 pesetas, con 16 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por ser cómplice de Novillo.
También ha sido condenada María del Carmen Vargas Suárez, compañera sentimental de Gianfranco Ferri, que también figuraba como acusado, aunque por problemas de salud no fue juzgado. Vargas deberá pasar dos años en la cárcel y pagar una multa de 500.000 pesetas o 16 días de arresto sustitutorio en caso de impago por un delito de receptación. Además deberá indemnizar a Caixabanc con 153 millones de pesetas. Se ha decretado el decomiso de sus joyas, sus vehículos, sus ocho viviendas y sus cuentas corrientes.
Cheques sin fondos
La estafa se perpetró por distintos métodos. Entre marzo y julio de 1989, Novillo se aprovechó de que faltaba el cajero del banco para atender 37 cheques sin fondos de la cuenta de uno de los acusados a los que no se juzga y embolsarle 5,8 millones de pesetas, que cargaba en la cuenta de deudores diversos de la entidad. Justificó estos abonos con los ingresos reales de otros clientes del banco.Entre julio y diciembre de ese mismo año, Novillo se apropió de 238 millones del banco gracias a extracciones en metálico de la caja y pagos a cheques que él mismo había hecho. Para eludir el balance cerrado que la entidad elaboraba a finales de año, el acusado consiguió atrasarlo y ocultar lo defraudado con el ingreso de cinco cheques sin fondos ingresados por el acusado Cirilo Vilda, ya fallecido. Además, la empresa de este último extendió varios recibos que no correspondían a ninguna operación real a nombre de Domivisión. Por último, entre enero y julio de 1990, utilizando prácticas similares, Novillo estafó 314 millones de pesetas.
El 27 de julio, Novillo confesó todo lo que había hecho, y se procedió a abrir la caja de seguridad que tenía en el banco; en ella había documentación sobre las operaciones realizadas por Domivisión y sobre supuestos negocios inmobiliarios de Novillo, así como dinero en metálico y joyas.
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El caso Malaya salpica al presidente de NH y a su director financiero
La operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Óscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabriele Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.
La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.
Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de por los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.
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La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.
Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de por los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.
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SACYR-VALLEHERMOSO y Caja Castilla-La Mancha: algunos negocios con el “malayo” Pedro Román y con su socio Juan María López Alvarez
Luis del Rivero, empresario murciano, como Roca (que es murciano, aunque más “caballero de fortuna” que empresario) No sólo preside la segunda gran constructora del país y no sólo, ahora que SACYR se desplaza por el filo de una navaja barbera, pretende buscar alivio a su calamidad económica haciendo tratos con petroleras ligadas a la “mafia rusa”, como ha puesto de relieve la prensa en referencia a varios informes del CNI; sino que dentro de nuestras fronteras también lleva tiempo asociado con lo que el Juez Miguel Angel Torres calificó en su Auto de 18 de julio de 2007, como “delincuencia organizada”, pues la sociedad VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A. perteneciente en su totalidad a SACYR-VALLEHERMOSO, ostenta en la actualidad el cargo de Consejero Delegado en la mercantil MOLA-15, una entidad en la que el “malayo” Pedro Román Zurdo tiene una muy importante participación y que, también, está relacionada con presuntas actividades de blanqueo de Juan Antonio Roca Nicolas. Sin embargo SACYR no es la única gran empresa que hace negocios con socios significativos de MOLA-15. CAJA CASTILLA LA MANCHA, presidida por Juan Pedro Hernández Moltó, que fuera Consejero de Economía en varios de los gobiernos de José Bono, tiene también estrechas relaciones con algunos de sus administradores.
Mola 15 y la Operación Malaya.
La entidad MOLA-15 recibe su nombre del edificio que ha constituido su principal objeto de negocio, la finca situada en el número 15 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, antes General Mola.
Actualmente su consejo está integrado por las siguientes personas o entidades mercantiles: ECO PROYECT 22 SL, que preside la sociedad; el consejero delegado Roberto Chollet Ibarra, alto ejecutivo de la cadena hotelera NH HOTELES; el también consejero delegado Valeriano Mayayo Sáinz, que enlaza a MOLA-15 con otras empresas como EL TIRO DE MURCIA o GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN; la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A., perteneciente, como he dicho, a SACYR-VALLEHERMOSO; y el letrado en ejercicio FERNANDO AGULLÓ DÍAZ-VARELA, que ejerce el cargo de secretario y que a su vez fue administrador de la sociedad pública PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.
Sin embargo, este consejo de administración era algo distinto antes de la Operación Malaya y de sus sucesivas fases. Junto a Roberto Chollet Ibarra, ejerció el cargo de presidente, hasta el nombramiento de ECO PROYECT 22 S.L., Gabriele Burgio, quien a su vez es el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES y, además, tuvieron el cargo de administradores el “malayo” Bruno Baumann y el BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO S.L.
Severino Martínez Izquierdo, abogado fiscalista, en su día alto cargo de la Inspección de Hacienda en Málaga y autor de varios libros, entre ellos, “Breve Historia del Delito Fiscal”; como se recordará, resultó tiroteado por un sicario en Madrid cuando corría el año 2005. Entonces ostentaba la representación, es decir, era el testaferro de Pedro Román Zurdo tanto en MOLA-15 como en EL ANGEL DE TEPA, donde compartía administración con Montserrat Corulla, lo que a estas alturas ya se sabe que era lo mismo que compartirlo con Juan Antonio Roca.
Es cierto que en el organigrama de MOLA-15 no aparecen, prima facie, Roca o sus más inmediatos y conocidos testaferros pero, desde luego, no andaba muy lejos del escenario. En la ampliación de declaración de Montserrat Corulla de 28 de agosto de 2007, folio 13.343 del sumario del Caso Malaya, se lee lo siguiente: “Sabe que Pedro Román está rehabilitando un edificio en la C/ Príncipe de Vergara, que está siendo rehabilitado por ECO YESO (en la actualidad ECO PROYECT 22) y en el que Juan Antonio Roca ha comprado dos pisos de 350 metros cuadrados para unirlos, aunque no sabe a nombre de qué sociedad los ha puesto y es Gonzalo Astorqui el que está enterado de todo porque llevó la operación”.
El resto de las operaciones sobre el edificio de la C/ Príncipe de Vergara, tal y como la investigó el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) durante el año 2006 se dibujaba de la siguiente forma:
De Gabriele Burgio y de Roberto Chollet Ibarra se dice que son, respectivamente, Presidente y Director General Económico Financiero de NH HOTELES. Cada uno de ellos tenía a su nombre un 10% del capital de MOLA-15, es decir, 310.000 € respectivamente.
De ECOPROYECT 22 SL, propietaria del 20% de las acciones, valoradas en 620.000 €, se establece que tiene su domicilio social en Príncipe de Vergara, 15, que su administrador único es, desde 1999, un tal Juan María López Alvarez y que desde 2004 figura como apoderado de la sociedad un individuo llamado José Benito Soto Losa. Entre las sociedades participadas de esta entidad, se encuentra EL TIRO DE MURCIA S.L.
En cuanto a INVERSIONES GRANCASA S.A., también presente en aquel momento entre el accionariado de MOLA-15, el informe del SEPBLAC advierte que su único socio es GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN S.A., empresa relacionada con EL CORTE INGLES de Isidoro Alvarez. A su vez, algunos de sus consejeros poseían acciones o cargos de representación en la ya citada EL TIRO DE MURCIA S.L.
Respecto a la mercantil VERAM A.G., igualmente accionista de MOLA-15, se trata de una sociedad de nacionalidad suiza, inscrita en el registro mercantil de Lucerna y domiciliada en Kriens, Arsenalstrasse 40, despacho de Aregger & Schleiss, sociedad Anónima para Gestiones Financieras. La empresa estaba representada por el suizo Bruno Baumann.
Otro de los accionistas era INVERSIONES PADUANA, que contaba en el 2006 con el 20% de la cuota de propiedad, valorada en 620.000 €, tenía como administradora única a María Pilar Román Martín, es decir, a la hija y testaferro de Pedro Román Zurdo, quien en sus declaraciones en el Juzgado nº 5 de Marbella, admitió que esta sociedad le pertenecía.
Finalmente, el SEPBLAC puntualiza que VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SA es una empresa perteneciente a SACYR-VALLEHERMOSO. En el 2006 la constructora de Luis del Rivero contaba con el 20% de la cuota de propiedad de MOLA-15.
Así, según consta en los informes obrantes en el Sumario Malaya, VERAM AG había designado como su representante en el consejo de MOLA-15 al bufete del abogado Severino Martínez Izquierdo el cual, a su vez, estaba objetivamente vinculado a Pedro Román Zurdo (Bienpeinado, según le apodaba Montserrat Corulla) y a su sociedad INVERSIONES PADUANA.
En este contexto, Bruno Baumann, en nombre de VERAM AG, se queda con una de las viviendas de la finca en virtud de un contrato firmado con Roberto Chollet Ibarra, el ejecutivo de NH HOTELES y Juan María López Alvarez. El valor de la operación se fijó en más de 1.992.000 €
Existe otro contrato, suscrito entre las mismas partes, correspondiente a otras tres unidades de la finca y cuyo precio se fijó en 1.599.411,61 €.
Por otro lado, Pedro Román, utilizando la sociedad INVERSIONES PADUANA, se queda con cuatro viviendas más del edificio por un importe de 20.000.000 €
Así las cosas, los agentes del SEPBLAC concluyen su informe diciendo que “Pedro Román Zurdo, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de dos de sus sociedades, una de nacionalidad suiza y la otra española, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad. El hecho de utilizar en una de las operaciones, una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país, para el pago de la suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos de blanqueo de capitales”.
La vinculación de MOLA-15 con el testaferro de Roca, Juan Germán Hoffmann.
Juan Germán Hoffman, uno de los sujetos más truculentos del elenco “malayo”, es hijo del difunto cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann. Gracias al excelente trabajo de Carlos Collado Seidel sabemos que este individuo, agente de la Gestapo y hombre de confianza del propio Hitler, estaba considerado por los servicios secretos españoles de la época “como un agente que después de la guerra entró en acción y tuvo encomendadas funciones importantes dentro de la organización Ogro con el fin de controlar y mantener vivo el nazismo entre la colonia alemana en España. De esta forma, Hoffmann sería una de las personas más activas en este sentido, participando incluso en el secuestro de compatriotas antinazis y en su deportación a Alemania”
Así las cosas, es de suponer que el tal Hans Hoffmann estuviera, desde siempre, muy al tanto de las técnicas más sofisticadas para ocultar patrimonios, para hacer fluir capitales a lo largo y ancho del Mundo y para lograr la tolerancia de lo intolerable. Es de suponer también que trasmitiera esa ciencia a su hijo y que tales conocimientos fueran muy valorados por la organización de Roca quien, según se desprende de las investigaciones del Caso Malaya, le confió el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.
De su hijo, Juan Germán Hoffmann Depken, el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dice que hay que “destacar también el papel de Juan Germán Hoffmann al que luego se hará referencia, que se encarga de la estructura exterior de Roca con sociedades como LISPAG AG en suiza, la fundación de Liechtenstein MELIFERO, la gibraltareña GOLDEN OYSTER LIMITED con la que adquiere un yate y la utilización de la sociedad FINK 2010 para tener fondos de Roca desde el exterior de España”.
Hoffmann compartía con Roca y con Emilio Rodríguez Bugallo la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS. Es Hoffmann quien realiza desde la cuenta de la fundación MELIFERO, en Suiza, un pago de 875.000 € a Beto Pedronzo, el principal suministrador de obras de arte a Roca. Es Hoffmann quien encubre la identidad de Roca como propietario del yate de recreo Thoroughbred mediante la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) GOLDEN OYSTER LIMITED. También es Hoffmann quien participa con Florencio San Agapito Ramos (individuo del que habrá que volver a ocuparse) con Roca y con Pedro Román en la llamada “operación Yambali” consistente en la compra de una parcela, un “aumento enorme” de su edificabilidad por parte del Ayuntamiento y la venta posterior.
Es Hoffmann quien, siempre según el Auto de Imputación citado, se encarga de “ayudar a Roca a traer a España al menos entre 8 y 10 millones de € dándole Roca a Hoffmann poderes a su favor en la fundación MELÍFERO” y quien, para hacer llegar a España 3 millones de € sin levantar sospechas, simula un crédito por esa cantidad a CONDEOR, empresa de Roca administrada por Montserrat Corulla, etc. etc.
En definitiva, según el Juez Miguel Angel Torres, el letrado Hoffmann es una pieza de la organización de Roca que “en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades en suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur”.
Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la mercantil MOLA-15. Según la “Propuesta de Actuación” nº 15.265 de la UDEF-BLA, folio 23.805 del Sumario Malaya “entre otras sociedades estarían directamente vinculadas a Juan Germán Hoffmann, según la declaración de su asesor fiscal, las siguientes:
1.- LEU SL (CIF B29689148) sociedad de la que es administrador único Hoffmann... En el año 2004 el socio único era la sociedad suiza VERAM AG”. Ya hemos visto que esta entidad domiciliada en Kriens, Suiza, era propiedad, según el SEPBLAC, de Pedro Román Zurdo y estaba representada por Bruno Bauman, el mismo que aparecía en el consejo de MOLA-15.
2.- FINK 2010 SL (CIF B29815487) Hoffmann era el administrador único de esta mercantil, sin embargo, la sociedad estaba participada por la compañía suiza UFM HOLDINGS AG, también propiedad de Hoffmann, tal y como éste declaró en sede judicial, pero con la curiosa circunstancia que su administrador era Bruno Baumann.
Por tanto, parece inevitable considerar que este Hoffmann era el vaso comunicante entre las estructuras internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por Roca y por Pedro Román y que, en consecuencia, la operativa de MOLA-15 estaba estrechamente ligada a esas dos estructuras, siempre en el supuesto de que fueran dos y no una sola, en la que Román y Roca actuaran al unísono y con confusión de intereses y dineros.
De esta forma y por el propio concepto de sociedad mercantil, que supone la puesta en común de recursos con la finalidad de obtener un lucro igualmente común, quienes aparecen asociados en MOLA-15 con Pedro Román y más o menos directamente con Roca, también se aprovechan del producto de los presuntos delitos de éstos, pues al ponerlos en concurso con sus propias aportaciones, obtienen unos beneficios que de otra manera no podrían obtener y eso, haciendo dejación de una complicidad más directa en el delito, puesto que ninguno de los otros consejeros de MOLA-15 podían, a fecha de los hechos, ignorar quién era Pedro Román Zurdo y cuál era su circunstancia y fama en Marbella.
El ANGEL DE TEPA, más negocios entre Roca, Pedro Román y Juan María López Alvarez.
Si de los consejeros de MOLA-15 había alguno que de ninguna manera podía ignorar que andaba en tratos con Roca y Pedro Román, ese era el tal Juan María López Alvarez porque él también estaba presente en otra de las sociedades ligadas a Roca: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA.
Esa entidad se encuentra ahora bajo administración judicial pero con anterioridad al 12 de julio de 2006 su consejo estaba compuesto por las siguientes personas o entidades: Montserrat Corulla, ECO PROYECT 22 SL, José Luis Gallardo Santamaría, Martín Guerrero Gómez, Raúl Guerrero Gómez, Enrrique Guerrero Serrano, Juan María López Alvarez, Severino Martínez Izquierdo, José María Pernas Martínez, Luis María Pernas Romaní y María Begoña Romaní Landa.
Pese a la presencia de tantos nombres, los datos obtenidos por la investigación del Caso Malaya, han puesto bien de relieve que el control efectivo de esa sociedad se despachaba entre Roca, Pedro Román, (representado por el singular letrado Severino Martínez Izquierdo) y “Juanmari” López Alvarez, como familiarmente le denominaba Montserrat Corulla y para que esto quede claro basta dejar hablar a la propia Corulla quien en la ya citada “ampliación de declaración” de 28 de agosto de 2006, decía lo siguiente:
“En cuanto a INMOBILIARIA ANGEL DE TEPA, Roca le dijo que estaba interesado en adquirir una parte del palacio del mismo nombre y ella se limitó a ir a la notaría en el momento de firmar la escritura para comprar las participaciones de la sociedad titular del palacio. Ese día en la notaría estaba Pedro Román con su hija y su fiscalista, Severino Martínez; Juan María López Alvarez con sus tres abogados, Juan Hoffmann que iba a adquirir un 5% y, por Condeor, fue ella con el cheque que le habían dado y Manuel Sánchez Zubizarreta.
Con posterioridad a la adquisición de la sociedad surgieron discrepancias entre los socios debido a que ECO PROYECT 22 que es la sociedad de Juan María López, insistía en hacer la obra por administración mientras que Juan Antonio Roca se mostraba contrario porque decía que tenía que hacerse por adjudicación en un presupuesto cerrado para evitar que se incrementara.
Sabe que hubo una reunión en Marbella entre los tres socios y que Juan María López decidió vender su participación y de forma simultánea, por medio de los amigos de la declarante en NH HOTELES, surgieron unos compradores interesados en el palacio y como no tenían dinero para abordar la inversión decidieron vender la sociedad a INMOLEVANTE y a las otras sociedades”.
Nuevamente, pues, vemos reunidos aquí a aquellos que habíamos visto junto a SACYR-VALLEHERMOSO en el consejo de MOLA-15: Roca, Pedro Román, la cadena hotelera NH HOTELES, Juan Germán Hoffmann y al que ahora más interesa, Juan María López Alvarez y además, sin que ninguno de ellos pueda alegar ignorancia respecto a quiénes eran los otros con los que compartía el pan.
CCM y el socio de Roca y de Pedro Román.
SACYR-VALLERHERMOSO, sin embargo, no es la única entidad con prosapia que hacía o hace negocios con el hampa marbellí o con personajes estrechamente relacionados con ella. CAJA CASTILLA-LA MAHCA (CCM) al igual que SACYR, también se conecta a este selecto grupo de MOLA-15 y EL ANGEL DE TEPA a través del tal Juan María López Alvarez y de uno de sus apoderados: José Benito Soto Losa.
Una de esas conexiones, no la única pero sí de la que ahora me voy a ocupar, se establece a través de la mercantil CLAUDIA ZAHARA 22 S.L. (B83982611) Domiciliada inicialmente, al igual que MOLA-15, en la c/ Príncipe de Vergara nº 15. Esta sociedad, que opera en Sevilla, está presidida por ECO YESO INTERNACIONAL SL, es decir, por Juan María López Alvarez el socio de Roca y de Pedro Román, ambos, qué duda cabe, “malayos” de primerísima fila. Su vicepresidente es José Luis Rodríguez Romo que, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, tiene el cargo de Director General Adjunto de CCM.
Además, entre otros, como Consejeros, constan VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, SACYR, y el alcalde de la localidad toledana de Urda (muy cercana a la de Layos) y Vocal del Consejo de CCM, Florencio Fernández Gutiérrez. Por otra parte, el secretario de la entidad es el mismo que lo fuera de MOLA-15, el ya citado Fernando Agulló Díaz-Varela.
Los principales accionistas de esta sociedad son VLLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, con un 40% del capital, y PLANES E INVERSIONES CLM SA (PLAINSA), que tiene la propiedad del 30% de la entidad y está presidida por el citado antes Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda, Toledo, siendo muy de señalar que el cargo de Presidente de esta filial de CCM lo desempeñaron antes que Florencio Fernández, el propio Juan Pedro Hernández Moltó y, cosa curiosa, nuestro muy conocido Aurelio González Villarejo, el propietario de URBAPLANING, adjudicataria en Carranque (Toledo) de los PAUs de “Las Montanillas” y “El Murillo” y “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 24.000 viviendas de Illescas; quien además desempeñó en PLAINSA los cargos de consejero delegado y administrador, como también fueron administradores en esta misma sociedad sus hijos Florencia y Alberto González Tostado.
En fin, que parece que estamos condenados, demos las vueltas que demos por los registros mercantiles y por la geografía española, a toparnos siempre con las mismas alianzas. La razón que de esta proximidad a ciertos imputados en el Caso Malaya, daba un portavoz de CCM en declaraciones al “El Confidencial” es que la entidad ha hecho “negocio con mucha gente muy conocida” aunque dejó claro que “nadie de esta casa está imputado” y que la CCM es “un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”. Por eso, sin duda, es por lo que CCM se asocia con individuos de esta condición, para impedir que las empresas en las que participa con ellos, se utilicen como instrumentos de blanqueo de capitales delictivos.
De todas formas, llamar a Enrique Ventero, a Juan Antonio Roca, a Florencio San Agapito, a Juan Germán Hoffmann, a Javier Arteche Tarascón, a Pedro Román Zurdo o a Juan María López Alvarez; “gente muy conocida” me parece, señor portavoz de la CCM y atento lector de Notitia Criminis, que es una forma un poco demasiado libérrima de hacer uso de un eufemismo.
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Mola 15 y la Operación Malaya.
La entidad MOLA-15 recibe su nombre del edificio que ha constituido su principal objeto de negocio, la finca situada en el número 15 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, antes General Mola.
Actualmente su consejo está integrado por las siguientes personas o entidades mercantiles: ECO PROYECT 22 SL, que preside la sociedad; el consejero delegado Roberto Chollet Ibarra, alto ejecutivo de la cadena hotelera NH HOTELES; el también consejero delegado Valeriano Mayayo Sáinz, que enlaza a MOLA-15 con otras empresas como EL TIRO DE MURCIA o GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN; la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A., perteneciente, como he dicho, a SACYR-VALLEHERMOSO; y el letrado en ejercicio FERNANDO AGULLÓ DÍAZ-VARELA, que ejerce el cargo de secretario y que a su vez fue administrador de la sociedad pública PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.
Sin embargo, este consejo de administración era algo distinto antes de la Operación Malaya y de sus sucesivas fases. Junto a Roberto Chollet Ibarra, ejerció el cargo de presidente, hasta el nombramiento de ECO PROYECT 22 S.L., Gabriele Burgio, quien a su vez es el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES y, además, tuvieron el cargo de administradores el “malayo” Bruno Baumann y el BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO S.L.
Severino Martínez Izquierdo, abogado fiscalista, en su día alto cargo de la Inspección de Hacienda en Málaga y autor de varios libros, entre ellos, “Breve Historia del Delito Fiscal”; como se recordará, resultó tiroteado por un sicario en Madrid cuando corría el año 2005. Entonces ostentaba la representación, es decir, era el testaferro de Pedro Román Zurdo tanto en MOLA-15 como en EL ANGEL DE TEPA, donde compartía administración con Montserrat Corulla, lo que a estas alturas ya se sabe que era lo mismo que compartirlo con Juan Antonio Roca.
Es cierto que en el organigrama de MOLA-15 no aparecen, prima facie, Roca o sus más inmediatos y conocidos testaferros pero, desde luego, no andaba muy lejos del escenario. En la ampliación de declaración de Montserrat Corulla de 28 de agosto de 2007, folio 13.343 del sumario del Caso Malaya, se lee lo siguiente: “Sabe que Pedro Román está rehabilitando un edificio en la C/ Príncipe de Vergara, que está siendo rehabilitado por ECO YESO (en la actualidad ECO PROYECT 22) y en el que Juan Antonio Roca ha comprado dos pisos de 350 metros cuadrados para unirlos, aunque no sabe a nombre de qué sociedad los ha puesto y es Gonzalo Astorqui el que está enterado de todo porque llevó la operación”.
El resto de las operaciones sobre el edificio de la C/ Príncipe de Vergara, tal y como la investigó el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) durante el año 2006 se dibujaba de la siguiente forma:
De Gabriele Burgio y de Roberto Chollet Ibarra se dice que son, respectivamente, Presidente y Director General Económico Financiero de NH HOTELES. Cada uno de ellos tenía a su nombre un 10% del capital de MOLA-15, es decir, 310.000 € respectivamente.
De ECOPROYECT 22 SL, propietaria del 20% de las acciones, valoradas en 620.000 €, se establece que tiene su domicilio social en Príncipe de Vergara, 15, que su administrador único es, desde 1999, un tal Juan María López Alvarez y que desde 2004 figura como apoderado de la sociedad un individuo llamado José Benito Soto Losa. Entre las sociedades participadas de esta entidad, se encuentra EL TIRO DE MURCIA S.L.
En cuanto a INVERSIONES GRANCASA S.A., también presente en aquel momento entre el accionariado de MOLA-15, el informe del SEPBLAC advierte que su único socio es GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN S.A., empresa relacionada con EL CORTE INGLES de Isidoro Alvarez. A su vez, algunos de sus consejeros poseían acciones o cargos de representación en la ya citada EL TIRO DE MURCIA S.L.
Respecto a la mercantil VERAM A.G., igualmente accionista de MOLA-15, se trata de una sociedad de nacionalidad suiza, inscrita en el registro mercantil de Lucerna y domiciliada en Kriens, Arsenalstrasse 40, despacho de Aregger & Schleiss, sociedad Anónima para Gestiones Financieras. La empresa estaba representada por el suizo Bruno Baumann.
Otro de los accionistas era INVERSIONES PADUANA, que contaba en el 2006 con el 20% de la cuota de propiedad, valorada en 620.000 €, tenía como administradora única a María Pilar Román Martín, es decir, a la hija y testaferro de Pedro Román Zurdo, quien en sus declaraciones en el Juzgado nº 5 de Marbella, admitió que esta sociedad le pertenecía.
Finalmente, el SEPBLAC puntualiza que VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SA es una empresa perteneciente a SACYR-VALLEHERMOSO. En el 2006 la constructora de Luis del Rivero contaba con el 20% de la cuota de propiedad de MOLA-15.
Así, según consta en los informes obrantes en el Sumario Malaya, VERAM AG había designado como su representante en el consejo de MOLA-15 al bufete del abogado Severino Martínez Izquierdo el cual, a su vez, estaba objetivamente vinculado a Pedro Román Zurdo (Bienpeinado, según le apodaba Montserrat Corulla) y a su sociedad INVERSIONES PADUANA.
En este contexto, Bruno Baumann, en nombre de VERAM AG, se queda con una de las viviendas de la finca en virtud de un contrato firmado con Roberto Chollet Ibarra, el ejecutivo de NH HOTELES y Juan María López Alvarez. El valor de la operación se fijó en más de 1.992.000 €
Existe otro contrato, suscrito entre las mismas partes, correspondiente a otras tres unidades de la finca y cuyo precio se fijó en 1.599.411,61 €.
Por otro lado, Pedro Román, utilizando la sociedad INVERSIONES PADUANA, se queda con cuatro viviendas más del edificio por un importe de 20.000.000 €
Así las cosas, los agentes del SEPBLAC concluyen su informe diciendo que “Pedro Román Zurdo, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de dos de sus sociedades, una de nacionalidad suiza y la otra española, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad. El hecho de utilizar en una de las operaciones, una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país, para el pago de la suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos de blanqueo de capitales”.
La vinculación de MOLA-15 con el testaferro de Roca, Juan Germán Hoffmann.
Juan Germán Hoffman, uno de los sujetos más truculentos del elenco “malayo”, es hijo del difunto cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann. Gracias al excelente trabajo de Carlos Collado Seidel sabemos que este individuo, agente de la Gestapo y hombre de confianza del propio Hitler, estaba considerado por los servicios secretos españoles de la época “como un agente que después de la guerra entró en acción y tuvo encomendadas funciones importantes dentro de la organización Ogro con el fin de controlar y mantener vivo el nazismo entre la colonia alemana en España. De esta forma, Hoffmann sería una de las personas más activas en este sentido, participando incluso en el secuestro de compatriotas antinazis y en su deportación a Alemania”
Así las cosas, es de suponer que el tal Hans Hoffmann estuviera, desde siempre, muy al tanto de las técnicas más sofisticadas para ocultar patrimonios, para hacer fluir capitales a lo largo y ancho del Mundo y para lograr la tolerancia de lo intolerable. Es de suponer también que trasmitiera esa ciencia a su hijo y que tales conocimientos fueran muy valorados por la organización de Roca quien, según se desprende de las investigaciones del Caso Malaya, le confió el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.
De su hijo, Juan Germán Hoffmann Depken, el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dice que hay que “destacar también el papel de Juan Germán Hoffmann al que luego se hará referencia, que se encarga de la estructura exterior de Roca con sociedades como LISPAG AG en suiza, la fundación de Liechtenstein MELIFERO, la gibraltareña GOLDEN OYSTER LIMITED con la que adquiere un yate y la utilización de la sociedad FINK 2010 para tener fondos de Roca desde el exterior de España”.
Hoffmann compartía con Roca y con Emilio Rodríguez Bugallo la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS. Es Hoffmann quien realiza desde la cuenta de la fundación MELIFERO, en Suiza, un pago de 875.000 € a Beto Pedronzo, el principal suministrador de obras de arte a Roca. Es Hoffmann quien encubre la identidad de Roca como propietario del yate de recreo Thoroughbred mediante la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) GOLDEN OYSTER LIMITED. También es Hoffmann quien participa con Florencio San Agapito Ramos (individuo del que habrá que volver a ocuparse) con Roca y con Pedro Román en la llamada “operación Yambali” consistente en la compra de una parcela, un “aumento enorme” de su edificabilidad por parte del Ayuntamiento y la venta posterior.
Es Hoffmann quien, siempre según el Auto de Imputación citado, se encarga de “ayudar a Roca a traer a España al menos entre 8 y 10 millones de € dándole Roca a Hoffmann poderes a su favor en la fundación MELÍFERO” y quien, para hacer llegar a España 3 millones de € sin levantar sospechas, simula un crédito por esa cantidad a CONDEOR, empresa de Roca administrada por Montserrat Corulla, etc. etc.
En definitiva, según el Juez Miguel Angel Torres, el letrado Hoffmann es una pieza de la organización de Roca que “en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades en suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur”.
Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la mercantil MOLA-15. Según la “Propuesta de Actuación” nº 15.265 de la UDEF-BLA, folio 23.805 del Sumario Malaya “entre otras sociedades estarían directamente vinculadas a Juan Germán Hoffmann, según la declaración de su asesor fiscal, las siguientes:
1.- LEU SL (CIF B29689148) sociedad de la que es administrador único Hoffmann... En el año 2004 el socio único era la sociedad suiza VERAM AG”. Ya hemos visto que esta entidad domiciliada en Kriens, Suiza, era propiedad, según el SEPBLAC, de Pedro Román Zurdo y estaba representada por Bruno Bauman, el mismo que aparecía en el consejo de MOLA-15.
2.- FINK 2010 SL (CIF B29815487) Hoffmann era el administrador único de esta mercantil, sin embargo, la sociedad estaba participada por la compañía suiza UFM HOLDINGS AG, también propiedad de Hoffmann, tal y como éste declaró en sede judicial, pero con la curiosa circunstancia que su administrador era Bruno Baumann.
Por tanto, parece inevitable considerar que este Hoffmann era el vaso comunicante entre las estructuras internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por Roca y por Pedro Román y que, en consecuencia, la operativa de MOLA-15 estaba estrechamente ligada a esas dos estructuras, siempre en el supuesto de que fueran dos y no una sola, en la que Román y Roca actuaran al unísono y con confusión de intereses y dineros.
De esta forma y por el propio concepto de sociedad mercantil, que supone la puesta en común de recursos con la finalidad de obtener un lucro igualmente común, quienes aparecen asociados en MOLA-15 con Pedro Román y más o menos directamente con Roca, también se aprovechan del producto de los presuntos delitos de éstos, pues al ponerlos en concurso con sus propias aportaciones, obtienen unos beneficios que de otra manera no podrían obtener y eso, haciendo dejación de una complicidad más directa en el delito, puesto que ninguno de los otros consejeros de MOLA-15 podían, a fecha de los hechos, ignorar quién era Pedro Román Zurdo y cuál era su circunstancia y fama en Marbella.
El ANGEL DE TEPA, más negocios entre Roca, Pedro Román y Juan María López Alvarez.
Si de los consejeros de MOLA-15 había alguno que de ninguna manera podía ignorar que andaba en tratos con Roca y Pedro Román, ese era el tal Juan María López Alvarez porque él también estaba presente en otra de las sociedades ligadas a Roca: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA.
Esa entidad se encuentra ahora bajo administración judicial pero con anterioridad al 12 de julio de 2006 su consejo estaba compuesto por las siguientes personas o entidades: Montserrat Corulla, ECO PROYECT 22 SL, José Luis Gallardo Santamaría, Martín Guerrero Gómez, Raúl Guerrero Gómez, Enrrique Guerrero Serrano, Juan María López Alvarez, Severino Martínez Izquierdo, José María Pernas Martínez, Luis María Pernas Romaní y María Begoña Romaní Landa.
Pese a la presencia de tantos nombres, los datos obtenidos por la investigación del Caso Malaya, han puesto bien de relieve que el control efectivo de esa sociedad se despachaba entre Roca, Pedro Román, (representado por el singular letrado Severino Martínez Izquierdo) y “Juanmari” López Alvarez, como familiarmente le denominaba Montserrat Corulla y para que esto quede claro basta dejar hablar a la propia Corulla quien en la ya citada “ampliación de declaración” de 28 de agosto de 2006, decía lo siguiente:
“En cuanto a INMOBILIARIA ANGEL DE TEPA, Roca le dijo que estaba interesado en adquirir una parte del palacio del mismo nombre y ella se limitó a ir a la notaría en el momento de firmar la escritura para comprar las participaciones de la sociedad titular del palacio. Ese día en la notaría estaba Pedro Román con su hija y su fiscalista, Severino Martínez; Juan María López Alvarez con sus tres abogados, Juan Hoffmann que iba a adquirir un 5% y, por Condeor, fue ella con el cheque que le habían dado y Manuel Sánchez Zubizarreta.
Con posterioridad a la adquisición de la sociedad surgieron discrepancias entre los socios debido a que ECO PROYECT 22 que es la sociedad de Juan María López, insistía en hacer la obra por administración mientras que Juan Antonio Roca se mostraba contrario porque decía que tenía que hacerse por adjudicación en un presupuesto cerrado para evitar que se incrementara.
Sabe que hubo una reunión en Marbella entre los tres socios y que Juan María López decidió vender su participación y de forma simultánea, por medio de los amigos de la declarante en NH HOTELES, surgieron unos compradores interesados en el palacio y como no tenían dinero para abordar la inversión decidieron vender la sociedad a INMOLEVANTE y a las otras sociedades”.
Nuevamente, pues, vemos reunidos aquí a aquellos que habíamos visto junto a SACYR-VALLEHERMOSO en el consejo de MOLA-15: Roca, Pedro Román, la cadena hotelera NH HOTELES, Juan Germán Hoffmann y al que ahora más interesa, Juan María López Alvarez y además, sin que ninguno de ellos pueda alegar ignorancia respecto a quiénes eran los otros con los que compartía el pan.
CCM y el socio de Roca y de Pedro Román.
SACYR-VALLERHERMOSO, sin embargo, no es la única entidad con prosapia que hacía o hace negocios con el hampa marbellí o con personajes estrechamente relacionados con ella. CAJA CASTILLA-LA MAHCA (CCM) al igual que SACYR, también se conecta a este selecto grupo de MOLA-15 y EL ANGEL DE TEPA a través del tal Juan María López Alvarez y de uno de sus apoderados: José Benito Soto Losa.
Una de esas conexiones, no la única pero sí de la que ahora me voy a ocupar, se establece a través de la mercantil CLAUDIA ZAHARA 22 S.L. (B83982611) Domiciliada inicialmente, al igual que MOLA-15, en la c/ Príncipe de Vergara nº 15. Esta sociedad, que opera en Sevilla, está presidida por ECO YESO INTERNACIONAL SL, es decir, por Juan María López Alvarez el socio de Roca y de Pedro Román, ambos, qué duda cabe, “malayos” de primerísima fila. Su vicepresidente es José Luis Rodríguez Romo que, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, tiene el cargo de Director General Adjunto de CCM.
Además, entre otros, como Consejeros, constan VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, SACYR, y el alcalde de la localidad toledana de Urda (muy cercana a la de Layos) y Vocal del Consejo de CCM, Florencio Fernández Gutiérrez. Por otra parte, el secretario de la entidad es el mismo que lo fuera de MOLA-15, el ya citado Fernando Agulló Díaz-Varela.
Los principales accionistas de esta sociedad son VLLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, con un 40% del capital, y PLANES E INVERSIONES CLM SA (PLAINSA), que tiene la propiedad del 30% de la entidad y está presidida por el citado antes Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda, Toledo, siendo muy de señalar que el cargo de Presidente de esta filial de CCM lo desempeñaron antes que Florencio Fernández, el propio Juan Pedro Hernández Moltó y, cosa curiosa, nuestro muy conocido Aurelio González Villarejo, el propietario de URBAPLANING, adjudicataria en Carranque (Toledo) de los PAUs de “Las Montanillas” y “El Murillo” y “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 24.000 viviendas de Illescas; quien además desempeñó en PLAINSA los cargos de consejero delegado y administrador, como también fueron administradores en esta misma sociedad sus hijos Florencia y Alberto González Tostado.
En fin, que parece que estamos condenados, demos las vueltas que demos por los registros mercantiles y por la geografía española, a toparnos siempre con las mismas alianzas. La razón que de esta proximidad a ciertos imputados en el Caso Malaya, daba un portavoz de CCM en declaraciones al “El Confidencial” es que la entidad ha hecho “negocio con mucha gente muy conocida” aunque dejó claro que “nadie de esta casa está imputado” y que la CCM es “un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”. Por eso, sin duda, es por lo que CCM se asocia con individuos de esta condición, para impedir que las empresas en las que participa con ellos, se utilicen como instrumentos de blanqueo de capitales delictivos.
De todas formas, llamar a Enrique Ventero, a Juan Antonio Roca, a Florencio San Agapito, a Juan Germán Hoffmann, a Javier Arteche Tarascón, a Pedro Román Zurdo o a Juan María López Alvarez; “gente muy conocida” me parece, señor portavoz de la CCM y atento lector de Notitia Criminis, que es una forma un poco demasiado libérrima de hacer uso de un eufemismo.
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¿Qué es el caso Egüés?
Conocido también como caso Galipienzo, es la trama de corrupción detectada en el ayuntamiento del Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela (denominada S.2.2), reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida, recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero un apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas.
En el proceso de recalificación de los terrenos se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde del valle, Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, José Luis Bartolomé.
2.- ¿QUÉ DELITOS SE COMETIERON?
Básicamente tres: Cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas.
1.- Cohecho: Coloquialmente "coima" o "soborno", es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva (regalo, ya sea en metálico o especias) a cambio de realizar u omitir un acto.
Hay dos tipos de cohecho. El cohecho es “simple” si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función, o “calificado” si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.
La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo. En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública. En el plano privado el cohecho se equipara al soborno.
2.- Prevaricación: La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Este tipo de actuaciones están consideradas como un abuso de autoridad y, como tal, sancionada por el Derecho Penal.
Pese a que la juez instructora incluyó este supuesto delictivo entre los imputados al ex alcalde del Valle de Egüés, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra eliminó la acusación al considerar que a Galipienzo no se le interrogó en su día sobre ella.
3.- Negociaciones prohibidas: La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en este delito.
3.- ¿CUANTO SE PAGÓ?
La juez establecía en su auto que Galipienzo recibió 90.031 euros del Grupo Empresarial Aricam (GEA), más los 138.000 euros que le llegaron de Construcciones Flores.
El pago de estas comisiones se materializó durante las negociaciones a tres bandas entre Construcciones Flores, RMA y GEA por la compra venta de la parcela escolar, una operación en la que lógicamente se incluía el cambio de uso de la parcela para poder construir el apartotel. Por eso, Galipienzo cobró 138.000 euros y su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé, sólo 12.000 de la comisión. Galipienzo, como alcalde, era el único que podía recalificar el terreno, para lo que contó con la ayuda de sus asesores, Nuria Alás, arquitecta municipal, y el asesor legal, Jesús Marco.
4.- ¿QUÉ EMPRESAS INTERVINIERON?
El Grupo Empresarial Aricam (GEA) empleó a dos empresas de su propiedad para adquirir la S.2.2. En primer lugar Salud Laboral 3000, que compró el terreno a Construcciones Flores por un importe de 5.430.098 euros.
En segundo lugar, Apartamentos Gorraiz, que el mismo día y en otra notaría, compró la citada parcela a Salud Laboral por 6.460.880 euros.
En un solo día el mismo terreno se había recalificado en 1,03 millones de euros. Construcciones Flores, sociedad vendedora, pagó 150.000 euros de comisiones por esta operación a RMA Urbana.
5.- ¿QUÉ DECÍA EL AUTO DE LA JUEZ INSTRUCTORA?
La juez que instruyó el sumario del caso Egüés decidió después de casi dos años de investigaciones cerrar la instrucción. Era el mes de octubre de 2005. La magistrada dictó el auto contra Ignacio Galipienzo y otros nueve imputados en la causa, que se enfrentaban a penas de entre uno a cuatro años de cárcel, e inhabilitación para el empleo o cargo público de seis a nueve años, por varios delitos de prevaricación y cohecho relacionados con una operación urbanística en Gorraiz.
La juez de Aoiz, a la vista de los indicios de criminalidad hallados y de la calificación de los delitos, dio luz verde al procesamiento del ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo; de su mujer, Eva Iglesias; del ex director general de Industria del Gobierno foral y alto directivo del Grupo Empresarial Aricam (GEA), Emilio Izquierdo; de otro alto cargo de este grupo y ex senador del PP, Luis Galo Barahona; del testaferro del ex alcalde, José LuisRuiz Bartolomé; de los técnicos municipales Jesús Marco y Nuria Alás; de la constructora Concepción Flores; del asesor de ésta, José Javier Iribarren, y el ex el responsable de cuentas del grupo Aricam, Óscar Pérez.
El que más cargos tenía en su contra era el ex alcalde del valle de Egüés. La juez acusaba a Galipienzo de tres delitos de prevaricación además de un delito de cohecho, tras haber cobrado comisiones por el proceso de compra-venta de la parcela escolar S.2.2. y dar la licencia para construir un apartotel en dicho terreno pese a conocer que no podía hacerlo.
La juez de Aoiz establecía que a Ignacio Galipienzo “se le pagó por ello, no sólo como mediador inmobiliario de GEA, sino como alcalde, al conceder la licencia que rubricaba la operación”, una licencia que la juez consideraba “ilegal”.
En aquel auto la mujer del ex alcalde estaba considerada como “cómplice”; mientras que la arquitecta municipal, Nuria Alás, el gerente del Ayuntamiento, Jesús Marco, y el testaferro de Galipienzo, José Luis Ruiz Bartolomé (administrador de la sociedad RMA) estaban imputados como cooperadores necesarios.
La constructora Concepción Flores lo estaba por un delito de cohecho, mientras que su asesor, José Javier Iribarren, aparecía como cooperador necesario para este delito. Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, y Óscar Pérez, los tres directivos de Aricam, estaban imputados por un delito de cohecho.
El único de los once imputados sobre el que no se encontraron indicios de delito fue Raimundo Cid, administrador de la sociedad EGDU, otra de las empresas de Galipienzo que montó para ocultar sus actividades.
6.- ¿CUÁLES ERAN LA PETICIONES DE PENAS?
La acusación popular Ejercida por Aralar, solicitaba en su escrito de calificación provisional (presentado en febrero de 2007) 2 años y 4 meses de prisión para Ignacio Galipienzo y otros seis imputados como supuestos autores de un delito de cohecho, del que considera cómplices a otros tres encausados, por las irregularidades detectadas en Gorraiz. Esta acusación entiende que la instrucción judicial ha desvelado que, bajo la excusa de construir un apartotel en suelo de uso escolar, contraviniendo de ese modo la normativa vigente, se escondía realmente una operación urbanística de gran envergadura, concretada en 188 viviendas libres.
Junto a Galipienzo, la acusación popular considera autores del delito de cohecho a Emilio Izquierdo (ex director general del Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), su asesor José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de Galipienzo), como supuestos cómplices, para los cuales reclama una pena de 10 meses de prisión.
En sus conclusiones provisionales, además de las reseñadas peticiones de prisión, la acusación popular solicita que se les imponga una multa de 271.993 euros a los autores y de 50.000 a los cómplices.
El fiscal del TSJN Solicitó en el escrito de acusación dictado en febrero de 2007 una pena de 18 meses de prisión y diez años de inhabilitación para el ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, por un delito de prevaricación. Asimismo, le imputaba un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por el que solicitaba una multa de 15.000 euros y tres años de inhabilitación.
La Fiscalía también aprecia indicios por este mismo delito en su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé, para quien pedía una multa de 1.800 euros y la suspensión de empleo o cargo público, y en la ex arquitecta municipal Nuria Alas, en su caso por prevaricación, y para quien solicitaba siete años de inhabilitación y una sanción de 900 euros. Por otra parte, el fiscal considera que Galipienzo y Ruiz Bartolomé debían restituir 23 millones de pesetas, el primero, y 3, el segundo, a la propietaria de Construcciones Flores, también imputada por el juez de instrucción.
El escrito de la Fiscalía exculpaba a los otros 7 imputados inicialmente.
7.- ¿EN QUÉ HAN QUEDADO ESAS PETICIONES?
La Audiencia Provincial de Navarra revocó parcialmente en junio de 2007 el auto de procesamiento contra el ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, al decretar el archivo de las actuaciones referidas a los seis delitos de prevaricación que le imputaba el juez instructor, por lo que finalmente sólo será juzgado por un supuesto delito de cohecho (cobro de comisiones ilegales). En ese dictamen, que es firme y es en el que se basa el juicio que ahora comienza, la Sección Primera resuelvía los recursos presentados por las defensas de los imputados contra el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número uno de Aoiz.
En el caso concreto del ex alcalde de Egüés, la Audiencia Provincial dejó sin efecto la tramitación de los seis delitos de prevaricación de los que se le acusaba al considerar que fue vulnerado su derecho de defensa, ya que en su día Galipienzo "no fue informado de la imputación de los hechos en los que se sustentan dichos delitos", ni se le tomó declaración al respecto.
Además, con el mismo auto, la Audiencia dejaba fuera del proceso a la esposa del ex mandatario de UPN, Eva Iglesias; al asesor jurídico de Construcciones Flores, José Javier Iribarren, y al ex director financiero de Aricam, Óscar Pérez Rodríguez, al no apreciar indicios delictivos en su comportamiento o al mantener que desconocían la existencia de un hecho ilícito.
Ese auto mantenía en el banquillo de los acusados a los otros seis procesados: Concepción Flores, Luis Galo Barahona, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz, Nuria Alas y Jesús Marco.
8.- ¿QUIÉNES SE HAN LIBRADO?
Eva Iglesias. En cuanto a la supuesta participación de la esposa de Galipienzo en la trama, y en contra del criterio del juez instructor, la Audiencia Provincial consideró que no había indicios "mínimamente sólidos" para su imputación como cómplice de un delito de cohecho, al determinar que no hay pruebas de que conociera el posible origen ilícito de los ingresos recibidos en la sociedad EGDU, de la que era socia junto con su marido, en la cual se percibieron las supuestas comisiones ilegales”.
José Javier Iribarren. La Audiencia Provincial aceptó que su actuación en los hechos se limitó a prestar asesoramiento jurídico a Construcciones Flores en la venta de la parcela S.2.2 a Salud Laboral 3000, y no halló indicios de que hubiera participado en las "negociaciones previas, precio, condiciones o intermediarios" relativos a la misma. Por ello, archivaba su imputación como cooperador necesario de un delito de cohecho pese a su relación familiar y económica con el principal de los acusados, Ignacio Galipienzo. Falleció recientemente.
Óscar Pérez Rodríguez, Director financiero del Grupo Empresarial Aricam (GEA), a través del cual el juez instructor consideró que Galipienzo recibió cobros ilegales, la Audiencia resolvía que su actuación fue "meramente ejecutora" de los pagos en su condición de trabajador, sin que conste que tuviera "capacidad decisoria" alguna.
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En el proceso de recalificación de los terrenos se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde del valle, Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, José Luis Bartolomé.
2.- ¿QUÉ DELITOS SE COMETIERON?
Básicamente tres: Cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas.
1.- Cohecho: Coloquialmente "coima" o "soborno", es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva (regalo, ya sea en metálico o especias) a cambio de realizar u omitir un acto.
Hay dos tipos de cohecho. El cohecho es “simple” si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función, o “calificado” si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.
La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo. En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública. En el plano privado el cohecho se equipara al soborno.
2.- Prevaricación: La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Este tipo de actuaciones están consideradas como un abuso de autoridad y, como tal, sancionada por el Derecho Penal.
Pese a que la juez instructora incluyó este supuesto delictivo entre los imputados al ex alcalde del Valle de Egüés, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra eliminó la acusación al considerar que a Galipienzo no se le interrogó en su día sobre ella.
3.- Negociaciones prohibidas: La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en este delito.
3.- ¿CUANTO SE PAGÓ?
La juez establecía en su auto que Galipienzo recibió 90.031 euros del Grupo Empresarial Aricam (GEA), más los 138.000 euros que le llegaron de Construcciones Flores.
El pago de estas comisiones se materializó durante las negociaciones a tres bandas entre Construcciones Flores, RMA y GEA por la compra venta de la parcela escolar, una operación en la que lógicamente se incluía el cambio de uso de la parcela para poder construir el apartotel. Por eso, Galipienzo cobró 138.000 euros y su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé, sólo 12.000 de la comisión. Galipienzo, como alcalde, era el único que podía recalificar el terreno, para lo que contó con la ayuda de sus asesores, Nuria Alás, arquitecta municipal, y el asesor legal, Jesús Marco.
4.- ¿QUÉ EMPRESAS INTERVINIERON?
El Grupo Empresarial Aricam (GEA) empleó a dos empresas de su propiedad para adquirir la S.2.2. En primer lugar Salud Laboral 3000, que compró el terreno a Construcciones Flores por un importe de 5.430.098 euros.
En segundo lugar, Apartamentos Gorraiz, que el mismo día y en otra notaría, compró la citada parcela a Salud Laboral por 6.460.880 euros.
En un solo día el mismo terreno se había recalificado en 1,03 millones de euros. Construcciones Flores, sociedad vendedora, pagó 150.000 euros de comisiones por esta operación a RMA Urbana.
5.- ¿QUÉ DECÍA EL AUTO DE LA JUEZ INSTRUCTORA?
La juez que instruyó el sumario del caso Egüés decidió después de casi dos años de investigaciones cerrar la instrucción. Era el mes de octubre de 2005. La magistrada dictó el auto contra Ignacio Galipienzo y otros nueve imputados en la causa, que se enfrentaban a penas de entre uno a cuatro años de cárcel, e inhabilitación para el empleo o cargo público de seis a nueve años, por varios delitos de prevaricación y cohecho relacionados con una operación urbanística en Gorraiz.
La juez de Aoiz, a la vista de los indicios de criminalidad hallados y de la calificación de los delitos, dio luz verde al procesamiento del ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo; de su mujer, Eva Iglesias; del ex director general de Industria del Gobierno foral y alto directivo del Grupo Empresarial Aricam (GEA), Emilio Izquierdo; de otro alto cargo de este grupo y ex senador del PP, Luis Galo Barahona; del testaferro del ex alcalde, José LuisRuiz Bartolomé; de los técnicos municipales Jesús Marco y Nuria Alás; de la constructora Concepción Flores; del asesor de ésta, José Javier Iribarren, y el ex el responsable de cuentas del grupo Aricam, Óscar Pérez.
El que más cargos tenía en su contra era el ex alcalde del valle de Egüés. La juez acusaba a Galipienzo de tres delitos de prevaricación además de un delito de cohecho, tras haber cobrado comisiones por el proceso de compra-venta de la parcela escolar S.2.2. y dar la licencia para construir un apartotel en dicho terreno pese a conocer que no podía hacerlo.
La juez de Aoiz establecía que a Ignacio Galipienzo “se le pagó por ello, no sólo como mediador inmobiliario de GEA, sino como alcalde, al conceder la licencia que rubricaba la operación”, una licencia que la juez consideraba “ilegal”.
En aquel auto la mujer del ex alcalde estaba considerada como “cómplice”; mientras que la arquitecta municipal, Nuria Alás, el gerente del Ayuntamiento, Jesús Marco, y el testaferro de Galipienzo, José Luis Ruiz Bartolomé (administrador de la sociedad RMA) estaban imputados como cooperadores necesarios.
La constructora Concepción Flores lo estaba por un delito de cohecho, mientras que su asesor, José Javier Iribarren, aparecía como cooperador necesario para este delito. Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, y Óscar Pérez, los tres directivos de Aricam, estaban imputados por un delito de cohecho.
El único de los once imputados sobre el que no se encontraron indicios de delito fue Raimundo Cid, administrador de la sociedad EGDU, otra de las empresas de Galipienzo que montó para ocultar sus actividades.
6.- ¿CUÁLES ERAN LA PETICIONES DE PENAS?
La acusación popular Ejercida por Aralar, solicitaba en su escrito de calificación provisional (presentado en febrero de 2007) 2 años y 4 meses de prisión para Ignacio Galipienzo y otros seis imputados como supuestos autores de un delito de cohecho, del que considera cómplices a otros tres encausados, por las irregularidades detectadas en Gorraiz. Esta acusación entiende que la instrucción judicial ha desvelado que, bajo la excusa de construir un apartotel en suelo de uso escolar, contraviniendo de ese modo la normativa vigente, se escondía realmente una operación urbanística de gran envergadura, concretada en 188 viviendas libres.
Junto a Galipienzo, la acusación popular considera autores del delito de cohecho a Emilio Izquierdo (ex director general del Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), su asesor José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de Galipienzo), como supuestos cómplices, para los cuales reclama una pena de 10 meses de prisión.
En sus conclusiones provisionales, además de las reseñadas peticiones de prisión, la acusación popular solicita que se les imponga una multa de 271.993 euros a los autores y de 50.000 a los cómplices.
El fiscal del TSJN Solicitó en el escrito de acusación dictado en febrero de 2007 una pena de 18 meses de prisión y diez años de inhabilitación para el ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, por un delito de prevaricación. Asimismo, le imputaba un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por el que solicitaba una multa de 15.000 euros y tres años de inhabilitación.
La Fiscalía también aprecia indicios por este mismo delito en su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé, para quien pedía una multa de 1.800 euros y la suspensión de empleo o cargo público, y en la ex arquitecta municipal Nuria Alas, en su caso por prevaricación, y para quien solicitaba siete años de inhabilitación y una sanción de 900 euros. Por otra parte, el fiscal considera que Galipienzo y Ruiz Bartolomé debían restituir 23 millones de pesetas, el primero, y 3, el segundo, a la propietaria de Construcciones Flores, también imputada por el juez de instrucción.
El escrito de la Fiscalía exculpaba a los otros 7 imputados inicialmente.
7.- ¿EN QUÉ HAN QUEDADO ESAS PETICIONES?
La Audiencia Provincial de Navarra revocó parcialmente en junio de 2007 el auto de procesamiento contra el ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, al decretar el archivo de las actuaciones referidas a los seis delitos de prevaricación que le imputaba el juez instructor, por lo que finalmente sólo será juzgado por un supuesto delito de cohecho (cobro de comisiones ilegales). En ese dictamen, que es firme y es en el que se basa el juicio que ahora comienza, la Sección Primera resuelvía los recursos presentados por las defensas de los imputados contra el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número uno de Aoiz.
En el caso concreto del ex alcalde de Egüés, la Audiencia Provincial dejó sin efecto la tramitación de los seis delitos de prevaricación de los que se le acusaba al considerar que fue vulnerado su derecho de defensa, ya que en su día Galipienzo "no fue informado de la imputación de los hechos en los que se sustentan dichos delitos", ni se le tomó declaración al respecto.
Además, con el mismo auto, la Audiencia dejaba fuera del proceso a la esposa del ex mandatario de UPN, Eva Iglesias; al asesor jurídico de Construcciones Flores, José Javier Iribarren, y al ex director financiero de Aricam, Óscar Pérez Rodríguez, al no apreciar indicios delictivos en su comportamiento o al mantener que desconocían la existencia de un hecho ilícito.
Ese auto mantenía en el banquillo de los acusados a los otros seis procesados: Concepción Flores, Luis Galo Barahona, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz, Nuria Alas y Jesús Marco.
8.- ¿QUIÉNES SE HAN LIBRADO?
Eva Iglesias. En cuanto a la supuesta participación de la esposa de Galipienzo en la trama, y en contra del criterio del juez instructor, la Audiencia Provincial consideró que no había indicios "mínimamente sólidos" para su imputación como cómplice de un delito de cohecho, al determinar que no hay pruebas de que conociera el posible origen ilícito de los ingresos recibidos en la sociedad EGDU, de la que era socia junto con su marido, en la cual se percibieron las supuestas comisiones ilegales”.
José Javier Iribarren. La Audiencia Provincial aceptó que su actuación en los hechos se limitó a prestar asesoramiento jurídico a Construcciones Flores en la venta de la parcela S.2.2 a Salud Laboral 3000, y no halló indicios de que hubiera participado en las "negociaciones previas, precio, condiciones o intermediarios" relativos a la misma. Por ello, archivaba su imputación como cooperador necesario de un delito de cohecho pese a su relación familiar y económica con el principal de los acusados, Ignacio Galipienzo. Falleció recientemente.
Óscar Pérez Rodríguez, Director financiero del Grupo Empresarial Aricam (GEA), a través del cual el juez instructor consideró que Galipienzo recibió cobros ilegales, la Audiencia resolvía que su actuación fue "meramente ejecutora" de los pagos en su condición de trabajador, sin que conste que tuviera "capacidad decisoria" alguna.
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La trama 'Gürtel' buscó la connivencia de jueces y fiscales
Tiremos del hilo de López Rubal:
La frase es del abogado José Antonio López Rubal y fue grabada en una comunicación con su defendido, Pablo Crespo, administrador único de ocho empresas de la trama que recibieron importantes contratos de administraciones gobernadas por el PP. No es la única conversación intervenida en el centro penitenciario Madrid-V en la que los imputados muestran su interés por contratar a letrados que tengan buenos contactos en los tribunales.
En esa misma conversación Rubal informa también a Crespo que el resto de imputados están contratando a sus letrados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales, como son los despachos de Rodríguez Mourullo o José Antonio Choclán. Estos dos últimos reclamaron 200.000 euros de provisión de fondos. “deberíamos intentar negociar un poco los honorarios, que no fueran tan elevados, que nos tienen todo inmovilizado”. “Ahora no les vamos a pagar eso, saben que no se puede (…) pero no hay ningún problema, al final todo el mundo cobrará por su trabajo”
José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional, que finalmente se hizo de la defensa de Francisco Correa, el “cerebro” de la red, le cuenta a su cliente (conversación grabada el 2 de marzo de 2009) que tiene una relación correcta y fluida con Garzón, y que conoce a las fiscales Conchita, a la que califica de “dura” en sus planteamientos, y a Myriam. Antes de ser contratado, su compañero José Antonio Rubal hace una encendida defensa de sus cualidades como letrado en otra conversación con Pedro Crespo: “Yo conozco a este hombre y es la polla, hemos buscado a este por distintas razones que ya te contaré, pero es la polla (…) se mueve muy bien en la Audiencia, le da caña a Garzón, pero caña de verdad, sin rubor, no le duele darle caña al juez”.
También el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri alardea de sus contactos en la Audiencia Nacional, y en una charla con Crespo y su abogado Rubal (25 de febrero de 2009) les comenta que conoce a la fiscal Concepción Sabadell porque fue compañera suya, y que cuando se levante el secreto del sumario va a intentar hablar con ella para que le diga qué planes tiene.
El informe policial elaborado como conclusión de las intervenciones telefónicas sostiene que “han contactado (los imputados) con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento”. Entre los abogados destaca el papel jugado por dos de ellos: Manuel Delgado y José Antonio López Rubal. Del primero, la Policía dice que “ocupa la posición de coordinador del equipo de abogados de los imputados para evitar disensiones entre los mismos”.
De López Rubal que es el encargado “de controlar las declaraciones de los imputados para que no haya fugas; se relaciona con José Ramón Blanco Balín para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa (…); se ocupa de obtener el dinero de las empresas administradas por Ramón Blanco para el sustento de las familias de Francisco Correa y Pablo Crespo”, del que “recibe instrucciones para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza” y otras para “personas imputadas”.
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La frase es del abogado José Antonio López Rubal y fue grabada en una comunicación con su defendido, Pablo Crespo, administrador único de ocho empresas de la trama que recibieron importantes contratos de administraciones gobernadas por el PP. No es la única conversación intervenida en el centro penitenciario Madrid-V en la que los imputados muestran su interés por contratar a letrados que tengan buenos contactos en los tribunales.
En esa misma conversación Rubal informa también a Crespo que el resto de imputados están contratando a sus letrados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales, como son los despachos de Rodríguez Mourullo o José Antonio Choclán. Estos dos últimos reclamaron 200.000 euros de provisión de fondos. “deberíamos intentar negociar un poco los honorarios, que no fueran tan elevados, que nos tienen todo inmovilizado”. “Ahora no les vamos a pagar eso, saben que no se puede (…) pero no hay ningún problema, al final todo el mundo cobrará por su trabajo”
José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional, que finalmente se hizo de la defensa de Francisco Correa, el “cerebro” de la red, le cuenta a su cliente (conversación grabada el 2 de marzo de 2009) que tiene una relación correcta y fluida con Garzón, y que conoce a las fiscales Conchita, a la que califica de “dura” en sus planteamientos, y a Myriam. Antes de ser contratado, su compañero José Antonio Rubal hace una encendida defensa de sus cualidades como letrado en otra conversación con Pedro Crespo: “Yo conozco a este hombre y es la polla, hemos buscado a este por distintas razones que ya te contaré, pero es la polla (…) se mueve muy bien en la Audiencia, le da caña a Garzón, pero caña de verdad, sin rubor, no le duele darle caña al juez”.
También el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri alardea de sus contactos en la Audiencia Nacional, y en una charla con Crespo y su abogado Rubal (25 de febrero de 2009) les comenta que conoce a la fiscal Concepción Sabadell porque fue compañera suya, y que cuando se levante el secreto del sumario va a intentar hablar con ella para que le diga qué planes tiene.
El informe policial elaborado como conclusión de las intervenciones telefónicas sostiene que “han contactado (los imputados) con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento”. Entre los abogados destaca el papel jugado por dos de ellos: Manuel Delgado y José Antonio López Rubal. Del primero, la Policía dice que “ocupa la posición de coordinador del equipo de abogados de los imputados para evitar disensiones entre los mismos”.
De López Rubal que es el encargado “de controlar las declaraciones de los imputados para que no haya fugas; se relaciona con José Ramón Blanco Balín para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa (…); se ocupa de obtener el dinero de las empresas administradas por Ramón Blanco para el sustento de las familias de Francisco Correa y Pablo Crespo”, del que “recibe instrucciones para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza” y otras para “personas imputadas”.
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Las defensas exigen la nulidad de la investigación por vulneración de derechos fundamentales
De José Antonio Choclán:
E. M. / Málaga | Actualizado 28.04.2010 - 09:27
Las defensas del finlandés Aki Kujala, así como del cuñado del alcalde, Francisco Calle, que presuntamente fue quien medió ante Tirado para que se aumentara la densidad residencial de La Parrada, y de Rafael Fernández, supuesto testaferro de Calle, trataron de hacer valer la vulneración de los derechos fundamentales para reclamar la nulidad de la instrucción judicial.
E. M. / Málaga | Actualizado 28.04.2010 - 09:27
Las defensas del finlandés Aki Kujala, así como del cuñado del alcalde, Francisco Calle, que presuntamente fue quien medió ante Tirado para que se aumentara la densidad residencial de La Parrada, y de Rafael Fernández, supuesto testaferro de Calle, trataron de hacer valer la vulneración de los derechos fundamentales para reclamar la nulidad de la instrucción judicial.
El cónsul, los abogados, el sastre y la esposa del tesorero
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado parcialmente este martes el secreto del sumario en el caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta a administraciones del PP. Junto a los cabecillas detenidos el pasado 6 de febrero y que siguen en prisión incondicional (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), figuran cargos del partido, abogados, empresarios, diplomáticos y hasta Rosalía Villar, la esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. El senador Bárcenas, como el diputado Jesús Merino, no están imputados por este juzgado, ya que son aforados y el TSJM envió la parte del sumario que les afectaba al Tribunal Supremo.
* El juez de Madrid imputa a la esposa de Bárcenas y otras 70 personas en el 'caso Gürtel'
* Pedreira levantará el secreto de sumario del 'caso Gürtel' la tercera semana de marzo
La noticia en otros webs
* webs en español
* en otros idiomas
Esta es la lista de imputados por delitos como blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación o tráfico de influencias:
1. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ
Máximo responsable de Special Events y cabeza de la trama de corrupción.
2. PABLO CRESPO SABARIS
Número dos de Special Events. Ex secretario de organización del PP de Galicia.
3. ANTOINE SÁNCHEZ
Primo de Francisco Correa.
4. VICENTE LUIS AGRAMUNT CIURANA
Abogado.
5. JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN
Consejero de Repsol.
6. ALFONSO BOSCH TEJEDOR
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
7. JESÚS CALVO SORIA
Empresario. Ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid.
8. ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE
Fue directivo de FCC Construcción.
9. CARLOS CLEMENTE AGUADO
Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid con el PP.
10. PABLO COLLADO SERRA
Ex presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Cónsul honorario de Malta en Baleares. Ex gerente de la Fundación Baleares Sostenible.
11. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT
Abogado.
12. MANUEL DELGADO SOLÍS
Abogado. Cofundador de un despacho con la ex ministra Ana Palacio.
13. RICARDO GALEOTE QUECEDO
Ex edil del PP de Estepona.
14. JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ
Ex edil del PP de Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid.
15. LUCIANO GALLEGO PORRO
Abogado.
16. PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO
17. GUILLERMO GARCÍA COELLO
Abogado.
18. JOAQUÍN GARCÍA MÁRMOL
Socio de Pasadera Viajes, empresa de Francisco Correa.
19. ALFONSO GARCÍA POZUELO ASINS
Presidente de Constructora Hispánica.
20. ARTURO GIANFRANCO FASANA
Intermediario financiero de Francisco Correa.
21. ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Ex alcalde de Boadilla del Monte, del PP.
22. JACOBO GORDON LEVENFELD
Socio de Alejandro Agag.
23. CARMEN LEONOR HALLAX LEDESMA
Cónsul general de Panamá en Mónaco.
24. ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea.
25. CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL
Jefe de la Asesoría Galher.
26. ANTONIO HERRERO GONZÁLEZ
Empresario.
27. CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ
Contable de Orange Market.
28. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR
Esposa del ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas.
29. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ
Contable de las empresas de Francisco Correa.
30. EDUARDO JAUSSI SALA
Abogado.
31. JUAN MANUEL JIMÉNEZ BRAVO
Gerente de la constructora Puertonarcea.
32. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET
Empleada de Francisco Correa.
33. SANTIAGO LAGO BORSTEIN
Abogado.
34. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ex alcalde de Arganda del Rey, del PP.
35. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL
Abogado.
36. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ
Apoderada de Orange Market.
37. TOMÁS MARTÍN MORALES
Vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte. Miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla.
38. BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
39. GUILLERMO MARTÍNEZ LLUCH
Director de Bancaja en Miami (EE UU).
40. LUIS DE MIGUEL PÉREZ
Accionista de Orange Market.
41. JUAN JOSÉ MORENO ALONSO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
42. GONZALO NARANJO VILLALONGA
Empresario.
43. JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO
Ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa. El alcalde de Madrid le hizo dimitir en febrero.
44. GUILLERMO ORTEGA ALONSO
Ex alcalde con el PP de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo.
45. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
46. ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido como El Bigotes. Responsable de Orange Market. Líder de la trama en la Comunidad Valenciana.
47. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO
Hermano de Álvaro. Dirigía empresas de la trama.
48. CHRISTIAN RODRÍGUEZ MAZA
Gestor del patrimonio de Correa.
49. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Correa. Ex asesora del Ayuntamiento de Majadahonda.
50. MARÍA VICTORIA ROMERO PARRAGA
Socia de Special Events.
51. EVA MARÍA SABIO VILLACORTA
Empresaria.
52. ADRIÁN SENÍN RICO
Colaborador de Orange Market.
53. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP.
54. JOSÉ TOMÁS GARCÍA
Sastre de Milano y Forever Young.
55. FERNANDO TORRES MANSO
Apoderado de Special Events.
56. JAVIER TUDELA DE LA CONCEPCIÓN
Empresario.
57. JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA
Empresario.
58. PLÁCIDO RAMÓN VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Empresario.
59. ANDRÉS BERNABÉ NIETO
Chófer de Francisco Correa.
60. VERÓNICA CASTAÑE ÁLVAREZ
Ex administradora de Easy Concept, una de las empreasas de la trama.
61. PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ
Apoderada de Easy Concept.
62. CRISTINA COLMAN GONZÁLEZ
63. JOSÉ LUIS DÍEZ BERRENDO
64. EDUARDO ERASO CAMPUZANO
65. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CANSECO
66. FRANCISCO DE PAULA JURADO ARGAZ
67. RAFAEL DE LEÓN CEBREROS RANDALL
68. CARMEN LUIS CEREZO
69. DAVID LUIS CEREZO
70. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN
71. MARÍA CARMEN MOYANO RUIZ
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* El juez de Madrid imputa a la esposa de Bárcenas y otras 70 personas en el 'caso Gürtel'
* Pedreira levantará el secreto de sumario del 'caso Gürtel' la tercera semana de marzo
La noticia en otros webs
* webs en español
* en otros idiomas
Esta es la lista de imputados por delitos como blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación o tráfico de influencias:
1. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ
Máximo responsable de Special Events y cabeza de la trama de corrupción.
2. PABLO CRESPO SABARIS
Número dos de Special Events. Ex secretario de organización del PP de Galicia.
3. ANTOINE SÁNCHEZ
Primo de Francisco Correa.
4. VICENTE LUIS AGRAMUNT CIURANA
Abogado.
5. JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN
Consejero de Repsol.
6. ALFONSO BOSCH TEJEDOR
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
7. JESÚS CALVO SORIA
Empresario. Ex gerente de la Universidad Complutense de Madrid.
8. ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE
Fue directivo de FCC Construcción.
9. CARLOS CLEMENTE AGUADO
Ex viceconsejero de Inmigración de Madrid con el PP.
10. PABLO COLLADO SERRA
Ex presidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios. Cónsul honorario de Malta en Baleares. Ex gerente de la Fundación Baleares Sostenible.
11. FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT
Abogado.
12. MANUEL DELGADO SOLÍS
Abogado. Cofundador de un despacho con la ex ministra Ana Palacio.
13. RICARDO GALEOTE QUECEDO
Ex edil del PP de Estepona.
14. JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ
Ex edil del PP de Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid.
15. LUCIANO GALLEGO PORRO
Abogado.
16. PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO
17. GUILLERMO GARCÍA COELLO
Abogado.
18. JOAQUÍN GARCÍA MÁRMOL
Socio de Pasadera Viajes, empresa de Francisco Correa.
19. ALFONSO GARCÍA POZUELO ASINS
Presidente de Constructora Hispánica.
20. ARTURO GIANFRANCO FASANA
Intermediario financiero de Francisco Correa.
21. ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Ex alcalde de Boadilla del Monte, del PP.
22. JACOBO GORDON LEVENFELD
Socio de Alejandro Agag.
23. CARMEN LEONOR HALLAX LEDESMA
Cónsul general de Panamá en Mónaco.
24. ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea.
25. CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL
Jefe de la Asesoría Galher.
26. ANTONIO HERRERO GONZÁLEZ
Empresario.
27. CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ
Contable de Orange Market.
28. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR
Esposa del ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas.
29. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ
Contable de las empresas de Francisco Correa.
30. EDUARDO JAUSSI SALA
Abogado.
31. JUAN MANUEL JIMÉNEZ BRAVO
Gerente de la constructora Puertonarcea.
32. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET
Empleada de Francisco Correa.
33. SANTIAGO LAGO BORSTEIN
Abogado.
34. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ex alcalde de Arganda del Rey, del PP.
35. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL
Abogado.
36. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ
Apoderada de Orange Market.
37. TOMÁS MARTÍN MORALES
Vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte. Miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla.
38. BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
39. GUILLERMO MARTÍNEZ LLUCH
Director de Bancaja en Miami (EE UU).
40. LUIS DE MIGUEL PÉREZ
Accionista de Orange Market.
41. JUAN JOSÉ MORENO ALONSO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
42. GONZALO NARANJO VILLALONGA
Empresario.
43. JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO
Ex asesor del concejal del Distrito de Moncloa. El alcalde de Madrid le hizo dimitir en febrero.
44. GUILLERMO ORTEGA ALONSO
Ex alcalde con el PP de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo.
45. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO
Ex concejal del PP de Majadahonda.
46. ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido como El Bigotes. Responsable de Orange Market. Líder de la trama en la Comunidad Valenciana.
47. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO
Hermano de Álvaro. Dirigía empresas de la trama.
48. CHRISTIAN RODRÍGUEZ MAZA
Gestor del patrimonio de Correa.
49. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Correa. Ex asesora del Ayuntamiento de Majadahonda.
50. MARÍA VICTORIA ROMERO PARRAGA
Socia de Special Events.
51. EVA MARÍA SABIO VILLACORTA
Empresaria.
52. ADRIÁN SENÍN RICO
Colaborador de Orange Market.
53. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, del PP.
54. JOSÉ TOMÁS GARCÍA
Sastre de Milano y Forever Young.
55. FERNANDO TORRES MANSO
Apoderado de Special Events.
56. JAVIER TUDELA DE LA CONCEPCIÓN
Empresario.
57. JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA
Empresario.
58. PLÁCIDO RAMÓN VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Empresario.
59. ANDRÉS BERNABÉ NIETO
Chófer de Francisco Correa.
60. VERÓNICA CASTAÑE ÁLVAREZ
Ex administradora de Easy Concept, una de las empreasas de la trama.
61. PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ
Apoderada de Easy Concept.
62. CRISTINA COLMAN GONZÁLEZ
63. JOSÉ LUIS DÍEZ BERRENDO
64. EDUARDO ERASO CAMPUZANO
65. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CANSECO
66. FRANCISCO DE PAULA JURADO ARGAZ
67. RAFAEL DE LEÓN CEBREROS RANDALL
68. CARMEN LUIS CEREZO
69. DAVID LUIS CEREZO
70. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN
71. MARÍA CARMEN MOYANO RUIZ
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domingo, 5 de junio de 2011
Una obra sobre la corrupción politica española. A play about political corruption in Spain
Anomia / Anomie
El proyecto
Una obra de teatro sobre la corrupción política durante la burbuja inmobiliaria en España.
Nuestra compañía de teatro Aran Dramatica
http://www.arandramatica.com lanza este proyecto porque pensamos que el teatro también está para hablar de la realidad de una forma crítica, entretenida y sin concesiones.
Queremos probar formas alternativas de financiación de la cultura mediante el crowdfunding (captación de fondos a través de las personas interesadas en apoyar un proyecto). Además, queremos compartir. La obra está registrada bajo licencia Creative Commons y el estreno en Badajoz será emitido en directo por internet via streaming.
http://www.indiegogo.com/Las-Listas
El proyecto
Una obra de teatro sobre la corrupción política durante la burbuja inmobiliaria en España.
Nuestra compañía de teatro Aran Dramatica
http://www.arandramatica.com lanza este proyecto porque pensamos que el teatro también está para hablar de la realidad de una forma crítica, entretenida y sin concesiones.
Queremos probar formas alternativas de financiación de la cultura mediante el crowdfunding (captación de fondos a través de las personas interesadas en apoyar un proyecto). Además, queremos compartir. La obra está registrada bajo licencia Creative Commons y el estreno en Badajoz será emitido en directo por internet via streaming.
http://www.indiegogo.com/Las-Listas
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