El controvertido juez enfrenta en estos días varios procedimientos que pueden acabar con la carrera de quien ha sido uno de los magistrados más mediáticos de la historia española. El último es el que lo enfrenta a una inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales a abogados de los imputados en la llamada Trama Gürtel, una causa de gran impacto periodístico por destapar una presunta red de financiación ilegal del ultraconservador Partido Popular, del que fuera el ex Presidente Jose María Aznar.
El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó el pasado lunes una resolución de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuestos delitos continuados de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales en el uso de artificios, de escucha y grabación, a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Esto violaría varios preceptos legales imperativos que en última instancia, serían medidas que facilitarían al Partido Popular salir ileso de la megacausa por no haberse respetado sus garantías procesales.
En la resolución emitida desde el Tribunal Supremo, el magistrado argumenta que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido que "aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa". Asimismo, Barreiro considera que Garzón actuó "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener por medios lícitos", y lo hizo para conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados", de manera que "dominaba absolutamente la evolución de la causa". Consultados por LA HAINE a varios abogados progresistas madrileños concluyen todos en lo mismo: "Garzón sabía que si el tema de las escuchas ilegales trascendía-lo cual era súmamente fácil-, la derecha iba a salir beneficiada".
Los procesos abiertos de Garzón
El juez tiene en este momento tres procedimientos por los que responderá ante la justicia: desde las escuchas ilegales a los implicados en la trama de financiación paralela del Partido Popular, el cobro de sobornos por parte del Banco Santander (que le serviría a la entidad del poderoso banquero Emilio Botín de librarse de una condena por apropiación indebida de 4.507 millones de euros), y la más polémica y confusa de todas, la mal llamada causa de la Memoria Histórica.
Garzón, que ha sido seleccionado por el Presidente Colombiano Juan Manuel Santos como asesor en materia de Derechos Humanos según confirmó el mandatario de visita oficial a España[1], y que ya colaboró en el pasado durante la etapa post 11-S asesorando a Uribe sobre cómo tratar a los detenidos políticos y cómo incomunicarlos, saltó a la palestra de la política española en un momento clave del Gobierno de Felipe González, concretamente en la segunda mitad de su mandato.
En aquel momento, el Gobierno del Partido Socialista se encontraba en una de las crisis más fuertes por los casos de corrupción en varias instituciones del Estado desde prácticamente la asunción de González en 1983 y que eran vox populi. Garzón en aquel momento era aspirante a ministro del gobierno de González además de canditado del mismo partido por Madrid[2], pero la decisión del Presidente del Gobierno fue nombrar y mantener desde 1988 como Ministro de Interior(puesto al que aspiraba el juez) al rudo Jose Luís Corcuera, autor de la Ley de Seguridad Ciudadana que hasta hoy sirve para garantizar amplios espacios de impunidad al actuar de los cuerpos policiales.
A partir de la caída de la candidatura de Garzón de las aspiraciones ministeriales, el juez retornó a la carrera judicial en su puesto en la Audiencia Nacional. Este tribunal es el que conoce de los delitos políticos y de los que afectan a los llamados "intereses generales", y fue creado en 1963 en plena dictadura franquista como Tribunal de Orden Público, nombre que se modificó al actual en 1977 cambiando también algunas de sus funciones. Por este tribunal pasaron los miles de presos y ejecutados durante la segunda mitad del franquismo.
Una vez regresado a este tribunal especial, Garzón abrió una serie de causas que minarían el poder electoral del Partido Socialista de Felipe González, donde el más sonado era el que juzgó la trama del terrorismo de Estado durante los años de plomo de los 80. La causa, que sólo juzgaba la muerte de 27 ciudadanos vascos(dejando centenares de víctimas sin amparo judicial pues quedaron fuera de la investigación), destapó la implicación de numerosos altos cargos políticos y militares en los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, pero las investigaciones y las condenas fueron enormemente parciales y ninguno de los condenados estuvo más de diez años en prisión[3].
En aquel momento, Garzón cobró una notoriedad máxima, dado que los grupos mediáticos opositores a Felipe González, principalmente el diario El Mundo, que apostaba por la victoria del derechista Partido Popular, dieron un excepcional trato al magistrado y lo elevaron a la categoría de líder mediático, cargo que Garzón aceptó gustosamente.
La "lucha antiterrorista"
A partir del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de Jose María Aznar, fortalecido por una mayoría absoluta parlamentaria desde las elecciones del año 2000, lanzó adelante una batería de medidas que venían planteándose desde hacía algún tiempo. Particularmente una reforma de la Ley de Partidos Políticos que permitiera ilegalizar de manera casi sumarial a todas las agrupaciones políticas de las que existieran "sospechas fundadas"(según los términos de la Ley) de colaboración con organizaciones armadas, en lo que fue una Ley que casi todos los analistas políticos coincidían en tener uno o dos objetivos: el cierre a una solución negociada al conflicto político en el País Vasco, y por otro el ataque al conjunto de agrupaciones y organismos que conforman el Movimiento de Resistencia Antifascista en el resto del Estado Español[4].
Esta reforma legislativa tuvo su respaldo judicial en el propio Juez Garzón, que se apresuró a ejecutarla en decenas de ocasiones, proscribiendo agrupaciones políticas, juveniles, culturales o de Derechos Humanos, a la par que archivaba todas las denuncias de torturas a detenidos por aplicación de la Ley de Partidos o la Ley Antiterrorista que llegaban al Juzgado Central de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional del que él era titular. Estas denuncias realizadas por detenidos políticos, que fueron verificadas por Amnistía Internacional[5] y por Naciones Unidas[6], nunca fueron investigadas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en los últimos meses a España en dos ocasiones por no indagar las causas que las motivaron[7 y 8]. Garzón, el Gobierno de Aznar(y el de Zapatero en la actualidad), y diferentes medios periodísticos afirmaron que esas denuncias "eran parte del guión de ETA que enseñaba a sus militantes para cuando fueran detenidos".
Pero su polémica doctrina sobre lucha antiterrorista no sólo se quedó en España, sino que fue exportada a América Latina, cuando el juez pasó a colaborar con el entonces Presidente Colombiano Álvaro Uribe en esta materia.[9]
Los Derechos Humanos en América Latina
A la mitología surgida en torno a Baltasar Garzón también ha cotribuido el hecho de haber dictado resoluciones de procesamiento a varios militares latinoamericanos en relación a las dictaduras militares en el continente, concretamente aquellas que afectaron a las dictaduras en Chile y Argentina. Sin embargo a esto hay que añadir matices importantes.
El delito de genocidio está regulado por el art. 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, donde se estipula que cualquier Estado es competente para investigar y resolver sobre el mismo, aunque también se establece la preferencia de los tribunales nacionales para juzgarlo. Este último precepto, que es prácticamente un principio rector de casi todos los ordenamientos procesales del mundo, ha servido para que casi todas las causas sobre DDHH en América Latina iniciadas por Garzón quedaran cajoneadas por él mismo. Es decir, más allá del impacto mediático que suponga que un juez español abra una causa por crímenes contra la humanidad, hay que entender que es un acto procesal inservible, que difícilmente un juez de la jerarquía de Garzón pueda desconocer. En el caso de Chile, se entendió que era el Juez Guzmán Tapia el competente, por tener ya una causa abierta al respecto. Eran resoluciones sin validez fáctica las que emitió el juez español que solo sirvieron para impulsar su estrellato mediático.
Solo hay un caso de procesamiento efectivo en causas de DDHH, el de Alfredo Scilingo, donde el piloto militar argentino se presentó ante el juez para admitir que él fue uno de los pilotos de los llamados vuelos de la muerte que eran los que lanzaban al mar desde el aire a detenidos políticos con el fin de hacerlos desaparecer, y aportó asimismo las pruebas obtenidas por el periodista del matutino argentino Página 12 Horacio Verbitsky. En este caso no hubo investigación alguna, pues fue el propio Scilingo el que aportó las pruebas autoinculpatorias. Este hecho le permitió obtener múltiples exclusivas periodísticas sin merecerlo.
La "Causa de la Memoria Histórica"
Durante la primera etapa del Gobierno de Zapatero, éste gozó de un amplio apoyo entre sectores progresistas españoles por el impulso de su Ejecutivo a diferentes reformas legales conducentes a la mejora en los derechos civiles. Una de estas medidas fue la llamada Ley de Memoria Histórica, que pretendía aliviar las reivindicaciones de miles de familiares de víctimas del franquismo, las cuales llevaban años solicitando justicia para con sus familiares así como una derogación de las Leyes que amnistiaron a los represores del franquismo y del post franquismo.
Pero las reivindicaciones de las víctimas quedaron postergadas de nuevo y se limitaron a reconocimientos formales que no declaraban la responsabilidad del Estado en tales masacres. En ese contexto de auge del movimiento memorialista reaparece Garzón, admitiendo a trámite una demanda presentada por los familiares de víctimas del franquismo y declarándose competente para juzgar los crímenes de la dictadura hasta 1952. Y aquí está la trampa del magistrado.
El movimiento memorialista no alineado con el Gobierno de Zapatero ha reiterado el carácter parcial y tramposo de esta resolución, que nuevamente no tiene ningún efecto práctico, pues los autores de los crímenes hasta ese año ya han fallecido y deja sin juzgar a la gran mayoría de jerarcas franquistas que hoy ocupan puestos de relevancia en Consejos de Dirección de empresas públicas y privadas, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial o de la Policía. Ahora bien, esto no implica que la resolución de Garzón no levante a lo peor de la derecha española y de su propio poder judicial, un poder judicial de escuela netamente reaccionaria y del que el propio Garzón forma parte.
Imputado por sobornos
Quizá el aspecto que pueda tener mayores consecuencias penales para el juez es el que le atribuye el cobro de grandes sumas de dinero por parte del Banco Santander. Este banco, junto a Telefónica, BBVA, la eléctrica Endesa y la petrolera Cepsa financiaron con una cantidad probablemente superior al millón de euros los cursos que Garzón impartió en Estados Unidos a lo largo del año 2005 y 2006[10].
El cordial trato de estas grandes multinacionales con el magistrado coincidió, ya de regreso de Nueva York, con el archivo de la causa que el propio Banco Santander tenía abierta por la apropiación indebida por parte de su Consejo de Administración de más de 4500 millones de euros del Banco Banesto durante el período de la intervención del Banco de España a principios de los años 90[11].
El juez, que defiende obviamente su inocencia, nunca ha podido demostrar los cobros de más de 300.000 euros que tanto él como su mujer obtuvieron durante el año 2006 y que según el informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, no se corresponden ni a las rentas ni a los salarios que ambos perciben por su trabajo[12]. La causa se pudo abrir por la correspondencia secuestrada entre Garzón y el banquero Botín.
Link
